De acuerdo al documento emanado por le Parlamento tal decisión fue tomada argumentando que de entrar en funcionamiento pleno el centro comercial "provocaría un colapso de redes viales, principales y colectoras, y de los servicios públicos de la zona".
La infraestructura es considerada por la Asamblea "un inmueble necesario para el establecimiento de un Centro de Poder Popular, donde concurra el pueblo para las actividades propias y necesarias para el desarrollo integral de sus derechos fundamentales".
Entre las consideraciones para la expropiación resalta "el deber del Estado de asegurarle a los ciudadanos una vida digna, humanitaria y socialista, la construcción de una sociedad justa, la promoción de la prosperidad del pueblo, así como la satisfacción de los servicios públicos y necesidades".
También se expone entre las razones el deber del Estado "de promover una visión socialista y humanitaria de las relaciones humanas, corrigiendo los defectos y errores del capitalismo que centra toda la interrelación en los denominados mall o grandes centros comerciales que personalizan al sujeto y a la familia".
Nancy Velasco
EL UNIVERSAL
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