(CNA-ENH)-El presidente venezolano Hugo Chávez dijo que el gobierno de Estados Unidos podría estar preparando una orden de detención en su contra y de algunos de sus colaboradores por un caso de lavado de dinero que se tramita en la corte federal de Miami. Al citar datos precisos como el nombre de la magistrada federal que preside el proceso, Joan Lenard, Chávez advirtió en un consejo de ministros el jueves por la noche que no debería causar extrañeza que ésta libre una orden de arresto en su contra.
“No les extrañe que lo saquen mañana, que es Chávez el que está lavando dólares. Por tanto la juez Lenard, ordena su captura”, agregó tras afirmar que el vicepresidente Elías Jaua y el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordiani, también podrían ser objeto de la orden de arresto.
“¡Esta es una operación de alta factura, por eso llamo al pueblo a la alerta!”, advirtió Chávez en la reunión transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Chávez se refería a una operación de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), revelada en abril, y en la que fueron arrestadas 15 personas, la mayoría venezolanos, por sospechas de lavado de dinero producto del narcotráfico.
La magistrada del caso es, en efecto, Lenard.
Como lo publicó El Nuevo Herald entonces, la red se dedicaba a transportar dólares en efectivo, producto de la venta de drogas, desde Puerto Rico y Nueva York hacia el sur de la Florida. Los miembros de la organización depositaban el dinero en diferentes cuentas de bancos de Estados Unidos a nombre de personas que no han sido identificadas.
Otra parte del dinero era negociada con intermediarios venezolanos a fin de convertir los dólares en bolívares.
Los sospechosos de la operación fueron seguidos y sus conversaciones grabadas y ahora el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder un voluminoso material probatorio que consiste en 55 videos, 2,000 grabaciones, 48,000 páginas de documentos y 648 transcripciones en borrador, según lo consignó en un memorando el fiscal adjunto del sur de la Florida, Juan Antonio González, Jr.
Algunas de las interceptaciones telefónicas se hicieron a instituciones financieras no identificadas en los documentos de la corte. Parte del material probatorio ya ha sido entregado a los abogados defensores en 11 dvd y cuatro discos compactos, agregó el fiscal.
La portavoz de la fiscalía, Alicia Valle, dijo que ese organismo no va a hacer comentarios sobre las palabras de Chávez.
Juan Diego Berrío, abogado en Miami de la empresaria venezolana Alba Villalobos, acusada en la operación, dijo a El Nuevo Herald que no tiene ningún conocimiento de que Chávez o alguno de sus colaboradores haya sido vinculado a la presunta conspiración.
“No sé nada de eso, estamos esperando que nos entreguen todas las pruebas”, explicó Berrío.
Durante su discurso del jueves, Chávez dijo que la posible revelación de vínculos con su gobierno de la red de narcolavado capturada en Miami es parte de un plan para atacar a su administración y destacó que la magistrada Lenard es la misma a cargo del caso de los de cinco cubanos acusados de espiar para el gobierno de La Habana.
“No les extrañe que aquí se hubiese estado preparando una agresión contra el gobierno venezolano, para señalarme a mí, quien sabe cuántos más, ministros, de tráfico y de lavado, a nosotros, no a los verdaderos culpables”, dijo.
CHAVEZ COMPLICE EN OPERACIONES DE LAVADO
Tobías Nóbrega- Ministro de finanzas. Kauffmann dijo que inicialmente él y Durán le pagaron $1 millón por haber aprobado la compra de un edificio para el ministerio a un precio ($9.5 millones) que doblaba el valor por el que ambos empresarios lo compraron. Funcionarios del ministerio ayudaron a los empresarios a restructurar un paquete de bonos de deuda pública que recibieron como parte de pago del edificio que anteriormente pertenecía al Citibank. Con esa operación el valor de los bonos se multiplicó. Kauffmann explicó que gran parte de las ganancias de esta compraventa se invirtieron en el pago de sobornos por $4.5 millones al “equipo del ministerio”, incluido Nóbrega. Pero no lo consideró una pérdida porque ese negocio fue el preámbulo de otra operación mucha más lucrativa relacionada con la reestructuración de bonos. En esta segunda operación obtuvieron $100 millones de ganancias, suma de la cual pagaron sobornos por $25 millones a Tobías y los demás miembros del equipo entre los años 2002 y 2005.
Jesús Bermúdez- Viceministro de Finanzas. En febrero de 2005, después de dejar su cargo, fue condenado en la corte federal por estructurar una operación ilegal de introducción de dinero en efectivo a Estados Unidos. Cumplió una condena y firmó un acuerdo de cooperación con la fiscalía. Los bonos restructurados a favor de los Kauffmann y Durán fueron bautizados con su apellido “Los bonos Bermúdez”, según Kauffmann. Recibió sobornos por su participación en esa operación, agregó el empresario.
Lenín Aguilera- Asesor del ministro. Fue parte del equipo del ministerio que trabajó con los empresarios y recibió también sobornos por su participación en la reestructuración de los bonos. Cuando Shohat le preguntó a Kauffmann en una audiencia del juicio cómo se deletreaba el nombre de Aguilera, le respondió: “Franklin lo sabe perfectamente, pregúnteselo a él que está ahí”.
Alejandro Dopazo- Director de Crédito Público del Ministerio de Finanzas. Dopazo también participó en la operación de la reestructuración de bonos que se derivó del negocio del edificio del Citibank y por ello recibió sobornos, aseguro Kauffmann. A diferencia de los otros tres funcionarios (Nóbrega, Bermúdez y Aguilera), que aceptaron $1 millón cada uno, Dopazo exigió $1.5 millones. ‘‘El pidió un poquito más, si no le pagábamos el negocio no se podía hacer”, explicó Kauffmann
Víctor José Medina, Orestes Arellano y Oscar Silva- Kauffmann identificó a estos oficiales de la Guardia Nacional (GN) como sus hombres claves en los negocios que mantuvieron con esa entidad entre 1998 y 2001. “Ellos eran los encargados de las compras y la finanzas”, declaró Kauffmann. La GN se convirtió en la puerta de entrada de Kauffmann y Durán al sector oficial de Venezuela. En esta entidad la confianza llegó a tal nivel que los oficiales les confiaron a los empresarios los dineros que recibían de sobornos para que los invirtieran en lo que consideraran más rentable o conveniente, explicó Kauffmann. Por el manejo de las inversiones cobraban 10 por ciento del monto confiado a ellos.
“Eramos como sus banqueros… era una gran operación de mucho dinero en efectivo que al final terminaba en alguna cuenta”, indicó Kauffmann.
–¿Cómo le ayudaba usted a ellos?” preguntó el fiscal Tomm Mulvihill
–Recogiendo el dinero y guardándolo, respondió Kauffmann.
–¿Usted le guardaba el dinero a ellos?, inquirió el fiscal.
–Sí, dijo el empresario
–¿De dónde recibían los oficiales ese dinero?, preguntó Mulvihill
–Eran sobornos, contestó Kauffmann.
–¿Y aproximadamente cuánto dinero de esos sobornos manejó usted en nombre de los oficiales?, indagó el fiscal.
–Millones de dólares, respondió
Medina explicó a el diario El Nacional de Venezuela que jamás ocupó cargo alguno desde donde se realizaran compras o negociación de ningún tipo. Dijo además que sólo conoció a Kauffmann “de vista y trato en contadas ocasiones y nunca de negocios”.
Julio Rivas- Funcionario de la sección de finanzas del Ministerio de Educación fallecido. Kauffmann y Durán compartían con este funcionario las millonarias comisiones que recibían de los bancos por depositar los fondos oficiales de esta entidad.
Johny Yánez Rangel- Gobernador del estado Cojedes. Los empresarios compartían con el gobernador del 30 al 40 por ciento del monto de las comisiones que recibían de Bancoro, la entidad financiera donde despositaban las partidas presupuestales de la gobernación. Kauffmann y Durán manejaban los dineros de Yánez, incluyendo estos sobornos, por una comisión del 10 por ciento. Por los contratos de construcción que le adjudicó la gobernación a una compañía constructora de ambos empresarios, Yánez también recibía sobornos y los canalizaba a otros funcionarios, según Kauffmann. Los contratos sumaban más de $20 millones.
Felipe Rodríguez- Segundo al mando de la gobernación de Cojedes cuya función, dijo Kauffmann, era manejar los detalles de negocios en “la oficina de atrás”. Recibió también sobornos, según Kauffmann.
Antonio Rodríguez- Gobernador del estado Vargas. Recibió de los empresarios $250,000 para su campaña a la gobernación a través de Benito Robles. Rodríguez llegó a la gobernación en el año 2000. Robles fue nombrado secretario de la gobernación. Con Rodríguez el supuesto esquema de corrupción funcionaba en forma similiar a la del estado Cojedes. Los fondos de la gobernación eran depositados en Bancoro; el banco pagaba una comisión de la cual un 50 por ciento iba para los empresarios y el resto para Rodríguez. El banco les pagaba a los empresarios un 10 por ciento de la cantidad depositada. Esta operación se llevó a cabo durante ocho años hasta que Kauffmann y Durán fueron arrestados en diciembre del año pasado. Rodríguez también recibió sobornos que totalizan $30 millones por la adjudicación de contratos de su gobernación, afirmó Kauffmann. Este dinero lo repartía con otros funcionarios.
Presidente Hugo Chávez- Según las pruebas aportadas por la fiscalía, el presidente Chávez estuvo al tanto de la operación de encubrimiento del origen y el destino del dinero, pero todas las evidencias son de oídas. Ninguno de los testigos estuvo en reuniones personales con Chávez o mantuvo comunicación telefónica con el mandatario.
El abogado Moisés Maionica, contratado por el gobierno de Venezuela para convencer a Antonini de que contratase a un jurista argentino, afirmó que Chávez, al enterarse del escándalo del Valijagate y de las peticiones de Antonini, le pidió a Henry Rangel, director de los servicios de inteligencia DISIP, que se encargara de manejar la crisis y de pagarle a Antonini. Hubo un momento en el que Chávez creyó que ya todo estaba resuelto, según Maionica, pero al parecer no le habían informado que Antonini continuaba dilatando las negociaciones.
En una conversación grabada por Antonini el 12 de noviembre del 2007, se escucha decir a Durán: “Ya Chávez va a sacar a todo el mundo que tuvo que ver con este peo”. Durán se refería, entre otros, a Rafael Ramírez, ministro de energía y director de PDVSA.
Según Durán, Ramírez “no puede lavarse las manos” porque Chávez supo que fue un asistente de Ramírez “el que llevó las maletas en ese avión”.
En otra oportunidad (15 de octubre de 2007) Durán se da por enterado de que Antonini le envió una carta a Chávez pidiéndole dinero por su silencio a través del cónsul de Venezuela en Miami, Antonio Hernández.
“Te fuiste por un camino directo con el presidente vía el consulado. La vaina llegó muy bien pero muy mal a la vez porque acuérdate, cuanto te acercas al sol tanto, te puede quemar”.
Vicepresidente Jorge Rodríguez- Su nombre fue mencionado por el abogado Moisés Maionica, de quien es amigo personal. Según Maionica, Rodríguez seguía de cerca la conducta de Antonini y un día, impaciente, le dijo: ‘‘¿Todavía ese muchacho lo tenemos allá? ¿No se ha resuelto todavía? Ese carajo no ha hablado y tenemos a ese muchacho maltratado”.
Tarek El Aissami- Viceministro de seguridad ciudadana. Fue uno de los funcionarios venezolanos más mencionado en el juicio. Todo indica que no tuvo que ver con el origen del problema, el envío del dinero de la petrolera PDVSA a la campaña de la presidenta Cristina Fernández de Argentina. Sin embargo debió apagar el incendio por errores ajenos siguiendo órdenes superiores. Su importancia en el gobierno la definió así Durán en una conversación con Antonini: “Es un carajo sano… Treinta y tres años [de edad]. El presidente le tiene cariño. Y lo atiende en persona. Ese es todo el poder de este chamo. Y que el presidente le dijo. “¿Sabes qué?, encárgate de la justicia en Venezuela, encárgate de las cárceles, encárgate de la PTJ, encárgate de la DISIP. Tú eres el jefe máximo de toda esta m…”.
En otra conversación Durán le informó a Antonini que quien estaba manejando todo el problema era El Aissami. Para demostrarle la seriedad de sus gestiones, Durán y Kauffmann lograron que Antonini hablara por teléfono con el viceministro.
Henry Rangel Silva- Director de la DISIP. Reportaba a El Aissami quien delegó en él la mecánica de la operación de control de Antonini. Durán alardeó que se había reunido varias veces con Rangel para tratar el problema de Antonini. En una de esas oportunidades analizaron la expedición de un documento que justificara la salida de los $800,000 de Venezuela. Maionica dijo que Rangel le garantizó a Antonini que no se iba a abrir ninguna causa en su contra en Venezuela. En una charla telefónica con Antonini se escucha a Rangel decir “la primer parte de lo del recibo de aquí, no hay problema… lo de la segunda parte, que es la parte financiera, tampoco hay problema”. Rangel le pidió a Antonini que se refiriera a él con el alias de “Arvelo”.
Moisés Maionica- Contratado por PDVSA para convencer a Antonini que nombrara un abogado en Argentina donde afronta cargos de lavado de dinero y contrabando. Maionica dijo que le pagarían $400,000 por su gestión.
Nicolás Rossini- Otro de los abogados contratado por el gobierno venezolano para darle gusto a las exigencias de Antonini a cambio de su silencio.
José Bracamonte- Contratado por PDVSA. Su participación fue fundamental para lograr que Maionica se reuniese en Miami con Antonini. Maionica lo identificó como su enlace con el gobierno. También se reunión con Kauffmann a quien le explicó que se estaba planeando falsificar declaraciones de salida de dinero para justificar la cantidad que llevaba Antonini. “El es mi contacto con el gobierno. Juan y yo estudiamos juntos en la universidad”, se escucha a Maionica comentar en la conversación grabada por Antonini en un restaurante de Fort Lauderdale el 30 de noviembre del año pasado. Maionica explicó que se hicieron amigos luego de una disputa por un fraude que Bracamonte cometió en unas elecciones locales. Bracamonte era entonces diputado de la Asamblea del estado Miranda por el Partido Patria para Todos (PPT).
Antonio José Canchica Gómez- Militar de los servicios de inteligencia de Venezuela especializado en comunicaciones. En una conversación con Antonini en Miami, en octubre del año pasado, se identificó como el último eslabón de la cadena que pretendía cumplir con todas las exigencias de Antonini. Se dio por enterado de la carta que Antonini le envió al presidente Chávez. Antonini prácticamente no lo dejó hablar después de que afirmó que el gobierno de Venezuela quería sacar del juego a Durán y a Kauffmann, lo que implicaba que la investigación del FBI podría fracasar.
Pedro Durán- Hermano de Franklin. El director de la Agencia de Lucha contra las Drogas DEA en Venezuela, Thomas Alder, declaró en el juicio que Pedro “es considerado un contacto del gobierno de Estados Unidos con el de Venezuela”. Alder se había reunido con Pedro en anteriores ocasiones a través de un personaje que fue indentificado solamente como Riverito. Pedro tiene credenciales de la DISIP.
Cort.
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