La estrategia "Colaboración Ciudadana con la Justicia" se dio a conocer en Miami (EE.UU.) en una conferencia de prensa en la que participaron representantes de grupos de Cuba, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
El objetivo de la iniciativa es animar a los venezolanos y otros latinoamericanos a aportar pruebas y testimonios sobre los supuestos entrenamientos de ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorio venezolano.
"Los ciudadanos no podemos aceptar que el poder del Estado sea utilizado para favorecer a organizaciones terroristas que han causado muerte y dolor en países amigos como Colombia y España", dijo Williams Cárdenas Rubio, vicepresidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM).
La PDVM y el Frente Iberoamericano por la Libertad (FIAL), dos grupos opositores al presidente venezolano Hugo Chávez, fueron aceptados como acusación popular en el caso que gestiona el juez español Eloy Velasco.
Ello les permite presentar testigos y pruebas en la causa que contribuyan a demostrar "la supuesta participación de funcionarios de alto rango del gobierno venezolano en actividades terroristas".
Chávez rechazó en marzo pasado el auto del juez español y dijo que los presuntos etarras que llegaron a la nación andina en 1989 no participan "en ninguna actividad terrorista".
Calificó, además, el caso "locura, porque no hay ni una sola prueba que sustente la acusación".
El vicepresidente de la PDVM dijo que el juez dictó 13 órdenes de captura contra supuestos miembros de ETA y las FARC en marzo pasado, incluyendo a Arturo Cubillas Fontan, casado con una ciudadana venezolana y que ha ocupado varios cargos públicos desde que Chávez llegó al poder en 1999.
"El magistrado Velasco lo señala como el coordinador de la trama terrorista en Venezuela y todavía no se le ha detenido. Venezuela se ha convertido en un refugio de terroristas", afirmó Cárdenas.
Helen Villalonga, presidente de la Asociación de Madres Venezolanas en el Exilio (Amavex), informó que las personas pueden suministrar pruebas y testigos sobre los lugares donde se realizaron los supuestos entrenamientos en territorio venezolano, la identidad de los participantes, sus nacionalidades, fecha y ubicación.
También la presencia de presuntos etarras en organismos públicos venezolanos y "posible participación en estas actividades ilícitas"; la supuesta participación y financiación de esas actividades por parte de funcionarios venezolanos, incluyendo suministro de armas y explosivos.
Además de la posible participación y encubrimiento de esas actividades parte de algunos militares o agentes policiales.
"Quienes conozcan de manera directa estos hechos podrán declarar ante la Audiencia Nacional, incluso gozando de la condición de 'testigos protegidos'", dijo Villalonga.
Las personas pueden contactar a la PDVM en Madrid, el FIAL y a la Campaña Internacional "Juzgar a Chávez", que comenzó en 2008.
Roger Castaño, presidente del Bloque de Apoyo a la Unidad Nicaragüense, solicitó que se incluya al presidente Daniel Ortega "en la lista de los acusados" por los presuntos nexos con grupos terroristas.
"Hay cantidad de etarras en calidad de asilados políticos en Nicaragua y es posible que reciban la nacionalidad nicaragüense para poder seguir haciendo sus actos terroristas", advirtió.
Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, expresó su respaldo a la iniciativa arguyendo que "no queremos el comunismo en Honduras, Centroamérica y mucho menos en Suramérica".
"Por eso hacemos un llamado a todas las organizaciones a que se unan a este esfuerzo que es la única forma de lograr la paz en la región", manifestó.
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