El pleno del Senado, la cámara alta del Parlamento español, instó hoy al Gobierno a interesarse ante las autoridades de Venezuela por la situación de la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada por poner en libertad a un hombre considerado corrupto por el presidente del país, Hugo Chávez.
El pleno del Senado aprobó una moción en la que se pide al Gobierno que se informe ante las autoridades venezolanas sobre las razones de la reclusión de Afiuni y se interese por las condiciones de su encarcelamiento.
El grupo del gobernante Partido Socialista se comprometió a que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, explicará en sede parlamentaria en los próximos meses los resultados de sus gestiones ante Venezuela en favor de la jueza.
Un senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) denunció que la detención de Afiuni se llevó a cabo sin imputación previa, tan sólo una hora después de que, en cumplimiento de la ley, pusiera en libertad al empresario Eligio Cedeño, y que por ello Hugo Chávez la llamó públicamente “bandida” y pidió que se aplique la pena máxima contra ella.
Afiuni fue detenida en diciembre pasado a petición de la Fiscalía por liberar a Cedeño, detenido desde 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales por millones de dólares.
Chávez explicó que la liberación de Cedeño fue planificada entre los abogados del empresario, la jueza, las secretarias y los alguaciles del tribunal, y que la trampa consistió en citar a Cedeño a una audiencia sin la presencia del fiscal que lleva su caso, concederle la libertad y permitir su salida del tribunal.
Según el senador, este caso quedará para la historia como muestra “del profundo deterioro ético y moral de un país durante el régimen militar bolivariano” y será “un episodio difícil de olvidar en la historia negra venezolana”.
En la denuncia de la situación que vive Venezuela coincidió un senador del opositor Partido Popular (PP), según el cual la “violencia, las amenazas, la inseguridad, la inestabilidad de las leyes” en Venezuela de las que ha responsabilizado a un Gobierno que “criminaliza a la disidencia” y está inmerso en la “corrupción”.
El senador leyó una carta de Pilar Perdíñez, una venezolana de origen español que solicita el amparo del Gobierno español para su esposo, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Caracas, que ha sido condenado a treinta años de cárcel siendo inocente.
Cort. TalCualDigital
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