Por: VenEconomía 01jul10
A principios de junio fue detectado un derrame petrolero en el Lago de Maracaibo, ampliamente denunciado por la prensa nacional.
En ese momento, ni PDVSA, ni el Ministerio de Energía y Minas ni el del Ambiente, reconocieron situación alguna de derrame, de emergencia, ni de contingencia. Y el ministro del Ambiente, Alejandro Hitcher, aseveró que no estaba activado ningún plan de contingencia "ni en PDVSA, ni en el Ministerio del Ambiente".
Pero, la mancha negra en vez de reducirse ha seguido creciendo, y ha ocasionado daños irreversibles en el ecosistema y a la actividad pesquera. Los pescadores han informado que en sólo una semana la pesca bajó en 80%, y, según informó el dirigente zuliano Julio Montoya en una entrevista por Globovisión, más de 70.000 pescadores se han visto afectados.
Este miércoles 30 de mayo, a un mes de detectado el derrame, PDVSA al fin emitió un comunicado público reconociendo que en efecto existe una "fuga", no un "derrame", de crudo calculada en unos 8.000 barriles diarios de petróleo.
Lamentablemente, como es ya costumbre en la gerencia revolucionaria para afrontar sus errores y omisiones, en el Comunicado PDVSA minimiza el problema, acota que es de "impacto moderado", afirma que este tipo de fugas son "crónicas" desde 1920 y asegura que son de poca monta en comparación con los 100.000 barriles diarios que se derraman en el imperialista Golfo de México.
Además PDVSA escurre el bulto y comienza a buscar culpables. Esta vez le tocó a "bandas de piratas" que supuestamente sabotean continuamente "unos sistemas eléctricos que controlan el bombeo de petróleo en 138 estaciones del Lago de Maracaibo"; así como a las "anteriores transnacionales", pues existen 45.000 kilómetros de tuberías petroleras en el fondo del Lago de Maracaibo que no habrían sido "bien planificadas".
El escrito, para no variar, acusa por enésima vez a los medios de comunicación de mentir y conspirar contra la Estatal, y amaga con un "frente de trabajadores unido con las comunidades dispuestos a enfrentar esta nueva batalla", así como con un "Plan de Seguridad con los cuerpos castrenses a fin de resguardar las instalaciones".
Obviamente, en esta saga de irrealidades no podía faltar la imputación del Ministerio Público a las empresas transnacionales Exxon, Shell, Gulf, Texaco y Mobil por "contaminación continua y agravada del medio ambiente lacustre en el Estado Zulia". La Fiscalía actuó por "noticia criminis" fundamentada en las declaraciones que emitiera el Ministro de Energía y Presidente de PDVSA Rafael Ramírez.
Lo que no se ve por ningún lado en las declaraciones y comunicados de la Estatal petrolera de Venezuela, es un mea culpa para reconocer que la revolución no atina una en el manejo de las empresas públicas. Menos se ve por parte alguna un plan bien estructurado y pensado para recuperar la industria petrolera de los devastadores estragos que la han derruido en más de una década del Gobierno castrochavista.
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