Agropatria no convence a empleados ni a productores

Agroisleña, ahora denominada Agropatria | Tibisay Romero

Se prohibió la venta a crédito de insumos, no pagan la cosecha a tiempo y tampoco reconocen prestaciones de los trabajadores
Se cumplen más de dos meses desde la expropiación de Agroisleña y la evaluación que hacen los productores y trabajadores es negativa.

Denuncian que la junta interventora de la empresa, ahora llamada Agropatria, decidió eliminar el programa de venta de insumos y agroquímicos a crédito, ha despedido personal de manera injustificada y violado la inamovilidad; además reportan escasez de agroquímicos, insumos, semillas y otras materias primas que requieren los productores del campo.
Un informe que refleja las acciones del Gobierno en los 60 días desde la adquisición forzosa de la empresa, señala que mientras Agroisleña vendía casi 85% a crédito, y casi la totalidad sin garantía para permitir que los productores comenzaran su ciclo de siembra y pagaran después, en Agropatria prácticamente se está vendiendo todo al contado.

"Agropatria no está respondiendo a los compromisos adquiridos con los productores. Hay atraso en el pago de la producción arrimada a los silos. Mientras Agroisleña pagaba a los 10 días de entregada la cosecha, con la gestión socialista hay una total incertidumbre", indica el reporte.

Se advierte que quienes reciben pago, es por montos inferiores a lo que vale la cosecha y, además, los obligan a acudir a actos políticos públicos o los amenazan con inspeccionar las fincas.

Refiere que aunque las plantas tienen suficiente materia prima para producir, la gestión de Agropatria ha sido incapaz de administrar y poner activas las líneas de producción y la comercialización de insumos. A la vez que hay problemas con la comercialización interna, la empresa tiene paralizadas las exportaciones de agroquímicos incluso a países de la región incluyendo los que tienen convenios mediante el Alba.

Tampoco se están llevando a cabo los programas de asistencia técnica a los productores. Se denuncia que los técnicos no cuentan con viáticos para trasladarse y no les reconocen sus compromisos laborales.

Producción en caída

Los técnicos que laboraban en la empresa sostienen que las plantas de agroquímicos están produciendo a 20% de su capacidad normal y hay un alto índice de desabastecimiento de herbicidas, fertilizantes y semillas de arroz, entre otros. Se conoció que el Gobierno intenta ocultar la escasez con la compra de estos insumos a otras comercializadoras privadas.

Según datos de la gerencia del Departamento de Salud Pública de Agroisleña, en los dos meses de expropiación se redujo el suministro de productos biológicos destinados a combatir epidemias como el dengue, la leptospirosis, y productos para el control de la palometa peluda (Hylesia Metabus) que genera inflaciones cutáneas, principalmente en el oriente del país.

"No hay inventarios de insecticidas porque justo cuando se ejecuta la medida de expropiación, el departamento de Salud Pública estaba en trámites de ordenar las importaciones de productos biológicos", expresa un ex trabajador del área, y agrega que para estos casos puntuales los químicos eran adquiridos a proveedores internacionales.

Se advierte que en un panorama como el actual con las inundaciones, se prevé que proliferen en el mediano plazo más enfermedades como el dengue y preocupa que la empresa no tenga suficientes productos químicos para combatirla.

En el área de almacenamiento de la cosecha, también existe incertidumbre por el manejo y control de plaga en los cereales cosechados y guardados en los silos de Agroisleña.

"Para la fecha de la expropiación todos los silos ubicados en la zona occidental estaban preparados, y estábamos en proceso de acondicionar los que están en el oriente del país. En este proceso se utiliza normalmente protectantes de granos para evitar la incidencia de las plagas, y tenemos información de que tampoco hay suficiente producto para contrarrestar estos problemas", expresa un técnico de la Gerencia de Salud Pública. Debido a la falta de estos insumos y a la caída de la producción de químicos, la gerencia  de Agropatria gestiona la compra a otras empresas.





Deuda laboral

En el informe también se denuncia que el Departamento de Recursos Humanos está prácticamente desmantelado, al igual que los sistemas de la empresa. Desde la expropiación cerca de 100 trabajadores de Agroisleña y sus empresas filiales, Inica, Proyefa y otras, han sido despedidos, otros han renunciado por presiones y maltrato, y alrededor de 278 técnicos comerciales y gerentes de las sucursales no han cobrado las comisiones por las ventas, que deberían haber recibido desde el 15 de octubre.

Cada tres meses este personal recibía como parte del sueldo comisiones por las ventas realizadas, y este pago fue suspendido.

"Las personas que han despedido injustificadamente ni los que han renunciado han cobrado sus prestaciones sociales. Se incumple el decreto de inamovilidad laboral porque no se reconoce el fuero que tienen las personas por período posnatal, reposo u otra condición, y ningún organismo del Estado ni inspectorías del Trabajo, ni el propio ministerio, responde por estas irregularidades", señala Alejandro Giraud, ex gerente de Relaciones Institucionales de Agroisleña.

Señala que en la empresa y en sus filiales reina un clima de incertidumbre porque aún están en el período de transición de los 90 días de ocupación temporal de la empresa; pero en enero se prevé la consolidación de la nueva estructura socialista con Agropatria, y quienes todavía laboran, temen despidos y que no se reconozcan los pasivos laborales.

"No hay ninguna garantía de que nos paguen a los que fuimos despedidos de la empresa, ni siquiera nos permiten el acceso a las instalaciones para efectuar algún tramite de averiguación sobre nuestros pasivos. No nos quieren pagar y esto viola todo el decreto de expropiación emitido por el propio Gobierno, en el cual se establece la inamovilidad y el respeto de los derechos laborales de cada trabajador", expresa Giraud. Alertó que los califican de despidos sencillos para no reconocer que fue una acción injustificada, y que merecen el doble de los beneficios por ley. Agrega que en la carta de despido no se describe la razón de la remoción del personal.

Advierten que quienes aún trabajan en el consorcio están prácticamente desasistidos en materia de seguridad, salud e higiene industrial porque el comité que trata ese asunto fue desactivado.

Recuerdan que Agroisleña y sus filiales manejan una cantidad de agroquímicos, insumos y materia prima de alto riesgo si no es manejada adecuadamente y con estrictas normas de seguridad.





Trabas para acceder al crédito

El Instructivo de financiamiento de Agropatria obliga a los productores a cumplir requisitos y, además, están sujetos a la discrecionalidad de los funcionarios para poder obtener los préstamos.

Se indica que los productores deben tramitar los créditos como si nunca antes hubiesen sido clientes de la empresa, lo que representa según los agricultores una desmejora de las condiciones y un retraso en la solicitud. El instructivo indica que los créditos hasta por 25.000 bolívares serán evaluados por los gerentes de cada agencia sin que prive un lineamiento técnico, por lo que se corre el riesgo de decisiones arbitrarias. Cuando el monto es mayor, la solicitud es enviada a la sede principal de la empresa en Cagua, lo que genera un retraso adicional en el trámite.

Hasta hace dos meses los agricultores venían trabajando con sus líneas de crédito rotativas, que operaban de manera automática a medida que requerían los recursos para continuar los ciclos de siembra y de cosecha.

Hay productores que tienen tres generaciones trabajando con la empresa y ahora se les desconoce esa trayectoria, y les exigen documentos como si fuesen nuevos.

Otro de los lineamientos que exige Agropatria es que 40% de la cosecha financiada por esta empresa, sea pagada en efectivo y 60% con la propia producción arrimada a los silos.

Los productores advierten que esta disposición es negativa porque tendrán que verse obligados a vender a intermediarios la cosecha y obtener efectivo para poder pagar ese 40% que se les exige.

"Esto puede generar un mercado especulador porque el agricultor tendrá que salir a vender a tercero para pagar en efectivo la deuda, y tampoco se sabe qué pasará con el excedente de la cosecha". Recuerdan que con Agroisleña arrimaban 100% de la cosecha, sin preocuparse en vender al mercado especulador el grano y pagaban en el plazo indicado.

Cort. El Nacional