La organización humanitaria venezolana Provea alertó hoy sobre el "estancamiento" en la lucha contra la pobreza en el país, y una creciente "criminalización" de la protesta por parte de las autoridades gubernamentales.
En su informe anual, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) señala que entre octubre de 2009 y septiembre de 2010 "se constató una desaceleración de la lucha contra la pobreza", así como "el estancamiento de varias misiones (o programas) sociales" gubernamentales.
"Continúa el estancamiento de la lucha en contra de la pobreza, y hay indicios de que incluso hay una caída en algunos sitios, pues en 14 estados se incrementó", dijo Marino Alvarado, director de la ONG, al presentar el informe anual a la prensa.
Según el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre pasado la pobreza en Venezuela se ubicaba en 26,8 por ciento y la indigencia en un 7,1 por ciento, menores al 70 y 24 por ciento que, respectivamente, registraron esos indicadores en 1996 el primero, y 1990, el segundo.
El estudio de la ONG, el vigésimo segundo que publica, también destaca que la presunta "ineficacia estructural en la gestión pública a distintos niveles" ha generado "un creciente descontento de la población que aumentó notablemente el número de protestas".
Según los datos de la organización, entre octubre de 2009 y el pasado septiembre se registraron unas "2.591 manifestaciones por derechos económicos, sociales y culturales".
En respuesta, el Estado "ha criminalizado la protesta, se han restringido libertades democráticas y se ha usado el Sistema de Administración de Justicia para intimidar y sancionar el legítimo derecho a exigir derechos", denunció Provea.
De acuerdo a su estudio, la primera causa de las manifestaciones de calle fue "el derecho a la vivienda adecuada, lo que evidencia la sensibilidad sobre un déficit habitacional que se mantiene en tres millones de casas".
Provea destaca que el Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, "es el segundo que menos ha construido viviendas en el periodo democrático iniciado en Venezuela 1958", con un promedio de 29.508 unidades al año.
"Llamamos la atención sobre el derecho a huelga porque a través de varias normas jurídicas, desde más o menos hace un año y medio, se les está prohibiendo a los empleados hacer huelgas en las industrias básicas", que son controladas por el Gobierno, alertó Alvarado a los periodistas.
Durante el período de estudio del informe, la ONG venezolana señala que "tampoco se constataron avances significativos en la garantía de la preservación de la vida" en Venezuela, un país en el que durante 2009 murieron asesinadas 19.133 personas, según un informe gubernamental filtrado a la prensa local en agosto pasado.
Provea no identificó asimismo un progreso importante en las "condiciones a los privados de libertad, ni en el comportamientos de los cuerpos armados del Estado para respetar el derecho a la vida y la integridad física".
Por otra parte, el informe anual de la ONG destaca "algunos aspectos positivos" en materia de derechos humanos en Venezuela, "como la continuidad de buenos resultados en la disminución de la desnutrición".
El Gobierno venezolano informó el pasado octubre sobre una reducción del déficit nutricional en niños menores de cinco años, que pasó del 5,3 por ciento en 1998 a 3,27 por ciento en 2009, y ubicó al país como "el quinto con el mejor índice en América Latina".
En su informe anual, Provea también identificó como "positivo" el "incremento de la matricula escolar, las mejoras en la fiscalización de las condiciones y medio ambiente de trabajo y algunas medidas para la preservación del ambiente".
EFE/Diario 2001
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