La Asamblea Nacional sancionó en segunda discusión el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones que sanciona con la inhabilitación parlamentaria a los diputados electos que se cambien de partido, lo que han denominado "salto de talanquera". Juan José Molina, por Podemos, salvó el voto, pues a su juicio esto busca intimidar a los diputados.
Molina sostuvo su opinión en la primera discusión, realizada el pasado 16 de diciembre, cuando aseguró que esta Ley se crea por "el terrible temor" del Partido Socialista Unido de Venezuela de que "los próximos diputados no sean verdaderamente revolucionarios". Consideró que esto busca limitar "a una actitud política a quienes no se arrodillen a la voluntad de Chávez".
Por su parte, Iris Varela dijo que la oposición rechaza la Ley porque "buscan votos con un partido para después traicionar".
La presidenta del Parlamento, Cilia Flores, aseguró que con esta normativa el oficialismo está "abortando un oplan macabro desestabilizador" por parte de la oposición. "Con esta Ley le quitamos sus intenciones. Siga, diputado (Ismael) sentándose con quien usted quiera", apuntó.
Aspectos de la Reforma
La reforma tiene por finalidad el establecer mecanismos que obliguen a los diputados electos a mantener una conducta apegada al compromiso asumido con los electores durante la campaña electoral, o de lo contrario serán objeto de inhabilitación política. El diputado Darío Vivas señaló que se considera un “fraude” evidenciar deslealtad a la organización política que respalda a los parlamentarios en el momento de la elección.
De acuerdo a las modificaciones introducidas a la ley, se considerarán conductas fraudulentas al electorado, las siguientes:
1.- Votar en contra de los postulados del programa de gestión, en términos de su contenido programático y su orientación político-ideológica.
2.- Hacer causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la oferta del programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral y presentada a los electores y electoras durante la campaña electoral.
Finalmente se señala la posibilidad de que la Asamblea Nacional remita el expediente a la Contraloría General de la República, a los efectos de que se considere si hay méritos suficientes para la inhabilitación política del diputado o diputada sancionada.
Molina sostuvo su opinión en la primera discusión, realizada el pasado 16 de diciembre, cuando aseguró que esta Ley se crea por "el terrible temor" del Partido Socialista Unido de Venezuela de que "los próximos diputados no sean verdaderamente revolucionarios". Consideró que esto busca limitar "a una actitud política a quienes no se arrodillen a la voluntad de Chávez".
Por su parte, Iris Varela dijo que la oposición rechaza la Ley porque "buscan votos con un partido para después traicionar".
La presidenta del Parlamento, Cilia Flores, aseguró que con esta normativa el oficialismo está "abortando un oplan macabro desestabilizador" por parte de la oposición. "Con esta Ley le quitamos sus intenciones. Siga, diputado (Ismael) sentándose con quien usted quiera", apuntó.
Aspectos de la Reforma
La reforma tiene por finalidad el establecer mecanismos que obliguen a los diputados electos a mantener una conducta apegada al compromiso asumido con los electores durante la campaña electoral, o de lo contrario serán objeto de inhabilitación política. El diputado Darío Vivas señaló que se considera un “fraude” evidenciar deslealtad a la organización política que respalda a los parlamentarios en el momento de la elección.
De acuerdo a las modificaciones introducidas a la ley, se considerarán conductas fraudulentas al electorado, las siguientes:
1.- Votar en contra de los postulados del programa de gestión, en términos de su contenido programático y su orientación político-ideológica.
2.- Hacer causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias a la oferta del programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral y presentada a los electores y electoras durante la campaña electoral.
Finalmente se señala la posibilidad de que la Asamblea Nacional remita el expediente a la Contraloría General de la República, a los efectos de que se considere si hay méritos suficientes para la inhabilitación política del diputado o diputada sancionada.
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