Por: VenEconomía
Cada día el Gobierno de Hugo Chávez avanza un largo trecho en la eliminación del Sistema de Justicia y del Estado de Derecho en Venezuela.
Son innumerables los casos donde el venezolano se ve inmerso en un cúmulo de violaciones de su seguridad jurídica y se le irrespetan sus derechos ciudadanos supuestamente garantizados en la Constitución de la República.
Los ejemplos del uso de los tribunales para pasar factura política sobran. Desde el juicio más largo de la historia del país y la sentencia de prisión injusta y sin prueba alguna contra los comisarios y policías metropolitanos, pasando por otras decenas de juicios y sentencias amañadas, hasta el insólito caso de la juez María de Lourdes Afiuni, juzgada y condenada por orden televisada del mandatario nacional.
Uno de los últimos casos es el del diputado electo, Biagio Pillieri, quien fue detenido y sometido a juicio acusado, sin presentar prueba alguna, de una supuesta de malversación de Fondos Públicos, concertación ilegal de contratistas y peculado doloso propio.
El caso Pillieri suma desde entonces un cúmulo de inconstitucionalidades, ilegalidades y arbitrariedades, que hoy lo ponen en puertas de comenzar un tercer juicio por voluntad del Tribunal Supremo.
Una de las primeras fue a raíz del primer juicio, tras el cual Pillieri fue declarado inocente el 19 de julio de 2010 por un Tribunal mixto (una juez y dos por escabinos en representación popular en el Poder Judicial).
En esa oportunidad, a pesar de que ese Tribunal había dictado su decisión en juicio oral y público, y que la sentencia absolutoria que le otorgaba libertad plena era de obligatorio e inmediato cumplimiento, no se liberó Pillieri. La razón de esta arbitrariedad fue la solicitud del Fiscal Nacional Juan Gutiérrez, de que le mantuviera preso "hasta que se introduzca el recurso de apelación durante la audiencia de juicio". Esta solicitud fue acatada por la jueza Jenny Andaluz, aún cuando ésta ya no tenía más competencia en el caso.
A esta ilegalidad, le siguió la violación de su inmunidad parlamentaria, mediante una interpretación del TSJ que concluyó que la misma se hacía efectiva a partir de la juramentación como Diputado y no desde el momento de su elección como dicta la Constitución, según se había interpretado años atrás en el caso del diputado David Nieves.
El 27 de diciembre de 2010, arrancó un segundo juicio contra Pillieri. Según se informa, los nuevos escabinos también lo habían encontrado inocente, pero la juez del caso, Eglé Matute, no dictó sentencia alegando enfermedad.
El 12 de enero, el TSJ se avocó de oficio al caso, sin que fuera solicitado por las partes. Seguidamente, la Sala de Casación Penal del TSJ anuló el juicio y ordenó que se abriera un tercer juicio en contra de Pillieri y que el mismo se radicara en Caracas y no en Yaracuy.
Cuando un Estado se aparta del camino que señala la Constitución y las leyes, deja a la población en un limbo jurídico y en la total indefensión.
Son innumerables los casos donde el venezolano se ve inmerso en un cúmulo de violaciones de su seguridad jurídica y se le irrespetan sus derechos ciudadanos supuestamente garantizados en la Constitución de la República.
Los ejemplos del uso de los tribunales para pasar factura política sobran. Desde el juicio más largo de la historia del país y la sentencia de prisión injusta y sin prueba alguna contra los comisarios y policías metropolitanos, pasando por otras decenas de juicios y sentencias amañadas, hasta el insólito caso de la juez María de Lourdes Afiuni, juzgada y condenada por orden televisada del mandatario nacional.
Uno de los últimos casos es el del diputado electo, Biagio Pillieri, quien fue detenido y sometido a juicio acusado, sin presentar prueba alguna, de una supuesta de malversación de Fondos Públicos, concertación ilegal de contratistas y peculado doloso propio.
El caso Pillieri suma desde entonces un cúmulo de inconstitucionalidades, ilegalidades y arbitrariedades, que hoy lo ponen en puertas de comenzar un tercer juicio por voluntad del Tribunal Supremo.
Una de las primeras fue a raíz del primer juicio, tras el cual Pillieri fue declarado inocente el 19 de julio de 2010 por un Tribunal mixto (una juez y dos por escabinos en representación popular en el Poder Judicial).
En esa oportunidad, a pesar de que ese Tribunal había dictado su decisión en juicio oral y público, y que la sentencia absolutoria que le otorgaba libertad plena era de obligatorio e inmediato cumplimiento, no se liberó Pillieri. La razón de esta arbitrariedad fue la solicitud del Fiscal Nacional Juan Gutiérrez, de que le mantuviera preso "hasta que se introduzca el recurso de apelación durante la audiencia de juicio". Esta solicitud fue acatada por la jueza Jenny Andaluz, aún cuando ésta ya no tenía más competencia en el caso.
A esta ilegalidad, le siguió la violación de su inmunidad parlamentaria, mediante una interpretación del TSJ que concluyó que la misma se hacía efectiva a partir de la juramentación como Diputado y no desde el momento de su elección como dicta la Constitución, según se había interpretado años atrás en el caso del diputado David Nieves.
El 27 de diciembre de 2010, arrancó un segundo juicio contra Pillieri. Según se informa, los nuevos escabinos también lo habían encontrado inocente, pero la juez del caso, Eglé Matute, no dictó sentencia alegando enfermedad.
El 12 de enero, el TSJ se avocó de oficio al caso, sin que fuera solicitado por las partes. Seguidamente, la Sala de Casación Penal del TSJ anuló el juicio y ordenó que se abriera un tercer juicio en contra de Pillieri y que el mismo se radicara en Caracas y no en Yaracuy.
Cuando un Estado se aparta del camino que señala la Constitución y las leyes, deja a la población en un limbo jurídico y en la total indefensión.
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