Con el voto unánime de los diputados de la revolución comunista de Hugo Chávez, este martes 30 de agosto fue aprobado el nombramiento de Carlos Escarrá como Procurador de la República de Venezuela. Tal como lo solicitó el presidente Hugo Chávez, el experto constitucionalista fungirá en adelante como abogado de la Nación.
Será Carlos Escarrá el responsable de "asesorar, defender y representar judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República", así como a quién se le deberá consultar "para la aprobación de los contratos de interés público nacional". Una tremenda hazaña por acometer en tiempos cuando el Gobierno de Hugo Chávez está comprometiendo el futuro de la República con cuestionables y opacos contratos con estados poco confiables.
Caben varios comentarios con respecto al nombramiento de Escarrá:
Primero, técnicamente Escarrá cumple con las especificaciones profesionales para ejercer el cargo de Procurador que dicta la Constitución. Entre otras, es venezolano de nacimiento, no tiene parentesco consanguíneo ni de afinidad con el Presidente ni con el Vicepresidente de la República, es un jurista de reconocida competencia y no ha sido destituido de servicio alguno del Estado ni condenado con sentencia firme a presidio ni prisión.
Segundo, es bien cierto que el procedimiento de su nombramiento siguió su curso legal: El Presidente propuso su nombre y la Asamblea por mayoría simple lo aprobó.
Tercero, es lamentable que la bancada oficialista utilizara una vez más su aplanadora dictatorial para imponer su voluntad, vilipendiando de nuevo a los diputados de oposición.
Cuarto, un "detalle" más relevante, y que sí signará la ejecutoría del Procurador es el grado extremo de compromiso con la revolución comunista del castrochavismo y su subordinación a Hugo Chávez, que ha manifestado Escarrá. El martes en la jornada parlamentaria ratificó que "He sido, soy y seré un militante del comunismo, del socialismo, aunque te duela, bajo la directriz del comandante Chávez".
Es obvio, que la ofuscación revolucionaria, ha desvirtuado en sus más conspicuos representantes el concepto de Estado y de República que dicta la Constitución venezolana. Parece que se les olvida que la Constitución de 1999 es enfática al declarar que "Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político."
Por último, de la candente sesión parlamentaria de este martes surge la interrogante ¿qué pasó con el nombramiento del Contralor?
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