Este 1º de septiembre comienza el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda en Venezuela, que por tres meses buscará empadronar casa por casa a toda la población a través de nuevas tecnologías.
Se trata de un gran esfuerzo para conocer la población y sus necesidades que hubiese sido bien acogido por los ciudadanos en otro momento histórico. Lamentablemente, un amplio sector de la población ha expresado su falta de confianza en el proceso.
El hecho es que el cuestionario tiene en esencia las mismas preguntas formuladas en otros censos, aunque con más detalles: Por ejemplo, ahora son once opciones, en vez de cinco, para los "materiales predominantes" en la pregunta referida a las paredes externas de las viviendas.
Pero también incluye preguntas que son chocantes, tales como la que le pide al entrevistado autocalificarse como negro, afrodescendiente, moreno, blanco u otro (¿?).
Además, contiene preguntas consideradas como invasivas de la privacidad, tales como el nombre de la empresa donde trabaja y el monto del salario del último mes.
Afortunadamente, el INE informa que nadie estará obligado a responder a las preguntas que le incomodan, y ni siquiera tiene que dar su nombre, ni mucho menos su número de cédula, lo cual ni siquiera está incluido entre las preguntas. El coordinador del Censo Nacional, Luis Gerónimo Reyes, asegura que no aplicará las sanciones que prevé la Ley para quienes no respondan al censo "porque no tiene forma de instrumentar las sanciones, confiamos más en la voluntad de la gente y su disposición en dar la información".
El Gobierno hubiese podido lograr el apoyo y aprobación de la población para este esfuerzo que realiza cada 10 años si hubiese sido más transparente en los preparativos de la elaboración del cuestionario, cumpliendo con la Ley que obliga a que el Censo sea aprobado por la Asamblea Nacional en un debate abierto, y haber publicado en la prensa nacional con antelación el cuestionario.
Al no haber procedido con sinceridad y transparencia, el Gobierno ha creado un ambiente de desconfianza y una propensión de los ciudadanos a no responder o a no dar datos fidedignos que harán que el margen de error supere inclusive el 7% registrado en 2001.
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