El ahora Procurador representaba a 18 diputados regionales sancionados
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
Las personas cambian y generalmente se olvidan de comunicar dicho cambio a los demás. Esta frase de la dramaturga estadounidense Lilian Hellman parece ilustrar el giro que el flamante procurador general de la República, Carlos Escarrá Malavé, dio en relación con el tema de las inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos que la Contraloría General de la República puede imponer.
En entrevista televisiva, el exdiputado aseguró este domingo que un eventual dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sea favorable al exalcalde de Chacao, Leopoldo López, dejaría "sin armas" al Estado para combatir la corrupción; y por ello abogó porque "el órgano contralor tome decisiones e imponga sanciones de carácter administrativo".
No obstante, el 3 de agosto de 2004 el ahora Procurador acudió ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para solicitarle que anulara el artículo 105 de la Ley de la Contraloría, el cual faculta a la máxima autoridad de ese organismo a impedirle a cualquier ciudadano ejercer cargos públicos de elección o designación por hasta 15 años.
Escarrá en ese momento representaba a Rafael Vásquez, Jesús Antonio Díaz, Ramón Celestino Martínez, Orlando Álvarez Orta, Harold Padilla Carrasco, Pedro Celestino Contreras, Adelmo Rondón Martínez, Álvaro Díaz García, Francisco Guacarán y Rafael Pérez, entonces miembros del Consejo Legislativo de Anzoátegui; y a Wilfredo Croquer, Miguel Ángel Gallegos, Juan Monasterios Malavé, Mauricio Escobar, Amarilis González, Víctor José Barrios, Luis Herrera y Juan Ignacio Romero, entonces miembros del Consejo Legislativo de Aragua, quienes fueron sancionados por el fallecido contralor Clodosbaldo Russián.
En su escrito, el Procurador esgrimió entonces argumentos similares a los que López ha usado en su denuncia ante los organismos internacionales: Solo un juez puede dictar inhabilitaciones y que se le violó el derecho a ser oído.
La actual postura de Escarrá fue cuestionada por el exdecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga, quien señaló: "Defender que por la vía administrativa se puede inhabilitar o imponer una pena no dista mucho de la posición que defendían, otros en otros tiempos, quienes aseguran que se podía privar de libertad como sanción administrativa por la Ley de Vagos y Maleantes".
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