Lo que no dijeron

Este martes entregan el informe preliminar del Examen Periódico Universal. El Gobierno venezolano se echó flores y dejó a un lado los grandes problemas, como las cifras de asesinatos. El sistema judicial tiene un retraso de dos décadas, algo que no quisieron reconocer sus representantes en Suiza.

PATTY FUENTES GIMÓN/TalCualDigital

En el Examen Periódico Universal (EPU), al que se sometió Venezuela el pasado viernes en Ginebra ante las Naciones Unidas, el Estado no se atrevió a destapar todos los problemas que para los venezolanos cada día se hacen más evidentes.

La inseguridad que, según diversas encuestas de victimización, es el factor que más preocupa a los ciudadanos, se manejó ocultando las cifras de asesinatos y en base a argumentos que no han dado resultados.

Entre otros aspectos, el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, destacó que en el país se cumple con la tasa de encuadramiento policial establecida por los estándares internacionales: 3,6 funcionarios por cada mil habitantes en las zonas de despliegue.

Al respecto, el criminólogo Fermín Mármol García explica que el Gobierno está utilizando la tasa para países con criminalidad controlada y no la alta, que se debería aplicar en una nación como Venezuela. “Deberían ser cuatro policías uniformados por cada mil habitantes, es decir, 120 mil hombres cuando en realidad tenemos 72 mil”, explica.

Por otro lado, el canciller Nicolás Maduro aseguró que el Estado “garantiza la inviolabilidad del derecho a la vida al prohibir expresamente la pena de muerte”. Sin embargo, Mármol García considera que, aunque es cierto que desde el punto de vista del derecho penal se respeta la vida, “a aquellos que son privados de libertad no se les garantiza ese derecho en las 34 cárceles, pues en estos últimos 12 años han muerto más de 4.500 reclusos”.

Además, señala que el Gobierno no acata el artículo 55 de la Constitución que consagra el derecho de que sea protegida nuestra integridad física y nuestros bienes, porque en el país hay 92% de impunidad y una tasa de 58 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando la tasa idónea es de 9 por cada 100 mil habitantes”.

JUSTICIA INCAPAZ

Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, sostuvo que el Poder Judicial es “autónomo e independiente”. Para refutar esta declaración, el criminólogo se remitió a la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, quien este año dijo que ve difícil reunir a 12 jueces independientes.

La fiscal Luisa Ortega Díaz, en su intervención, no hizo referencia a la impunidad ni a los retardos judiciales. Mármol García indica que hay un déficit de 70% de fiscales, pues se requieren 2.500 y sólo se cuenta con alrededor de 800, que manejan entre 2 mil y 3 mil causas anuales.

“Tenemos un Cicpc casi desmembrado y un Ministerio Público que no da respuestas a las víctimas. Cuando esto sucede, vemos fenómenos sociales como el sicariato y los linchamientos, lo que significa la involución del derecho (la gente haciéndose justicia por sí misma) porque el Estado es incapaz y el sistema judicial se quedó en una Venezuela de hace dos décadas”, agrega.

LUCHA ESTANCADA CONTRA LA POBREZA 

Para echarse flores, el Estado ante todo hizo referencia en el EPU a sus avances en materia social, pero dejó a un lado, por supuesto, que en los últimos cuatro años la lucha contra la pobreza y el desempleo se ha estancado.

Maduro detalló la disminución de hogares en extrema pobreza de 21% en 1998 a 7,1% en 2010, mientras que el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, Elías Eljuri, destacó el progreso en cuanto a la alfabetización, el número de pensionados y las personas con acceso a los programas de alimentación del Gobierno.

El coordinador de Provea, Marino Alvarado, reconoce que en estos doce años han reducido la pobreza y el desempleo, pero hace énfasis en que desde 2006 no ha habido avances en estos ámbitos. “El año pasado habíamos advertido que podía darse una situación de leve aumento de la pobreza porque de 2009 a 2010 en ocho estados se había elevado”, explica.

Alvarado señala que en cuatro años ha bajado la pobreza extrema en 0,4%, mientras que en los años anteriores disminuía entre 5 y 7 puntos de un año a otro. En pobreza general, desde 2006 se reflejaba una línea recta y el primer trimestre de 2011 hubo un pequeño aumento. Algo parecido sucede con el desempleo que desde 2006 se estancó y el año pasado aumentó, cuando antes reducía entre 2 y 3 puntos anuales.

“Esto se debe a la ineficiencia del Gobierno. Si a estas cifras se le suma la tasa inflacionaria, que ha sido muy alta en los últimos años, es peor porque también se han debilitado las misiones. El Estado se excusa en la crisis mundial que empezó en 2009 y este estancamiento es desde 2006. Lo peor es que todo esto pasó en el momento en el que los precios del petróleo estaban más altos”, añade.

SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En referencia a la libertad de expresión, el canciller señaló que se ha promovido la creación de 1.225 medios alternativos y comunitarios, y el procurador general de la República, Carlos Escarrá, aseguró que, “a pesar de expresiones difamatorias, se ha mantenido con robustez la libertad de expresión”.

Carlos Correa, de Espacio Pública, afirma que el problema no está en el número de medios que haya, sino en que en el país siguen vigentes las figuras del vilipendio y del desacato. “Además, hay que evaluar si hay suficiente garantía de un efectivo acceso a la información pública y si los casos de agresiones a periodistas se investigan y se sancionan”, dice.

La cantidad de medios de comunicación “numéricamente es positivo”, pero “la pregunta es si esos medios están garantizando una mayor pluralidad, diversidad y un mayor debate en el país o sencillamente son reproductores de discursos oficiales”, agrega Correa.

El director de Espacio Público revela que muchos periodistas han sido agredidos y esos casos no han sido investigados. Además, “hay un discurso de funcionarios que ubica a los periodistas como enemigos y eso alimenta muchas veces las agresiones contra ellos”.

RECOMENDACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Estados Unidos pide la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni.

República Checa sugiere que el Estado se compromete a acabar con los crímenes por parte de funcionarios policiales.

Suiza resalta la necesidad de que se garantice la independencia del Poder Judicial y de luchar contra la impunidad. También afirma que hay que luchar contra el comercio ilícito de armas, darle prioridad a las reformas en el sistema de seguridad ciudadana y combatir el alto grado de polarización política y el uso del sistema judicial para cercenar a quien piensa distinto.

Países como Noruega, Canadá, Australia, EEUU, Brasil, Chile, Paraguay, Alemania y Suiza hacen especial énfasis en temas relacionados con la libertad de expresión en Venezuela.