Un tribunal revolucionario de Irán ha condenado a muerte a un estadounidense de origen iraní al que acusa de espiar para la CIA, según han informado hoy los medios locales. Amir Mirza Hekmati fue juzgado a puerta cerrada entre el 27 de diciembre y el 2 de enero pasados y sin posibilidad de designar un abogado defensor.
Su caso sólo puede agravar la tensión entre Teherán y Washington, ya de por sí elevada a causa del programa nuclear del régimen islámico, las nuevas sanciones internacionales impulsadas por EE UU para frenarlo y la subsecuente amenaza iraní de cerrar el estrecho de Ormuz.
“Amir Mirza Hekmati ha sido condenado a muerte por cooperar con un país enemigo, Estados Unidos, y espiar para la CIA”, ha anunciado el portavoz judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, citado por la agencia ISNA. Según la misma fuente, la sala 15ª del Tribunal Revolucionario de Teherán le encontró “mohareb” y “mofsed”, dos cargos sin equivalencia en la legislación internacional que suelen traducirse como “enemigo de Dios” y “que extiende la corrupción en el mundo” y que, según la versión de la Sharía (ley islámica) aplicada en Irán, están castigados con la pena capital. Dispone de 20 días para recurrir la sentencia.
Hekmati, de 28 años, fue detenido el pasado 29 de agosto en Irán, pero su caso no se conoció hasta el 18 de diciembre. Ese día, la televisión iraní difundió un vídeo en el que el joven confesaba haber sido “enviado por la CIA para infiltrarse en los servicios secretos iraníes”. La familia, que siguiendo el consejo de las autoridades iraníes había guardado silencio hasta entonces, emitió un comunicado.
Se supo así que el joven nació en Arizona (EE UU) en una familia de origen iraní y fue al instituto en Michigan, donde su padre es profesor en un centro público. Luego se alistó en el Ejército donde trabajó como intérprete de árabe. Según los medios iraníes, formó parte del cuerpo de Marines, recibió un entrenamiento especial y sirvió en bases estadounidenses en Irak y Afganistán antes de dirigirse a Irán para su supuesta misión de espionaje. Ali Hekmati ha negado que su hijo sea un espía de la CIA y afirma que estaba visitando a sus abuelas cuando fue detenido.
El Gobierno de EE UU, por su parte, ha exigido la liberación de Hekmati, de quien dice que no tiene ninguna conexión con la CIA. La misión suiza en Teherán se ha ofrecido para actuar de intermediaria entre la Casa Blanca y el reo, ya que Washington no tiene relaciones diplomáticas con Irán. De momento, el régimen iraní se ha negado a permitirlo. “El régimen iraní tiene la costumbre de acusar falsamente a los ciudadanos de ser espías, de extraer falsas confesiones y de retener a norteamericanos inocentes por razones políticas”, ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Tommy Vietor. El Departamento de Estado ha negado categóricamente que Hekmati trabajara para la CIA, pero no ha desmentido abiertamente que pudiera estar relacionado con otras agencias de inteligencia, informa David Alandete desde Washington.
No es la primera vez que Irán utiliza casos individuales para dar una lección a sus propios ciudadanos y responder así a lo que percibe como una guerra paralela que se libra en el terreno cultural y de los medios de comunicación (soft war). El periodista Maziar Baharí fue encarcelado entre junio y octubre de 2009 a raíz de las protestas que siguieron a la reelección de Mahmud Ahmadineyad. La también periodista Roxana Sabery estuvo detenida entre enero y mayo. Dos años antes, la académica Haleh Esfandiari pasó un calvario similar. Los tres tenían la doble nacionalidad y fueron acusados de espionaje aunque finalmente las presiones internacionales y la lucha de poder dentro del país hallaron algún hueco para justificar su liberación.
Más sonado fue el caso de los tres excursionistas estadounidenses que se extraviaron haciendo senderismo por las montañas del Kurdistán iraquí en el verano de 2009. Una de ellos fue puesta en libertad un año después, oficialmente por “razones de salud”, después de la mediación personal del sultán de Omán y el pago de una fianza de medio millón de dólares. Su novio y el otro amigo, aún tuvieron que esperar un año más, hasta la celebración de un juicio sin garantías durante el que apenas pudieron ver a su abogado en dos ocasiones.
Esa constante aumenta la sospecha de que se trata de procesos políticos que Teherán espera utilizar como moneda de cambio en sus eventuales negociaciones con Occidente. No parece una casualidad que el juicio a Hekmati se haya llevado a cabo justo cuando EE UU anunciaba una nueva ronda de sanciones financieras que alcanzan al Banco Central de Irán y a las exportaciones de petróleo.
“Hemos luchado para facilitar a Amir un abogado en Irán. Hemos intentando contratar a por lo menos diez defensores distintos sin éxito”, señala el comunicado de la familia difundido por las agencias de noticias. Hekmati sólo ha tenido acceso a un abogado de oficio con quien, según el mismo texto, se encontró el primer día de su juicio, el 27 de diciembre. Los tribunales revolucionarios, creados poco después de la revolución de 1979, siempre han desestimado la figura del abogado defensor como un “absurdo occidental”. Las organizaciones de derechos humanos denuncian con frecuencia la falta de garantías procesales del sistema judicial iraní.
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