El vicepresidente Elías Jaua ha emitido la siguiente declaración a propósito del caso Aponte Aponte: "Ahora se apropian (la oposición) de un bandido y corrupto que ha sido enjuiciado y destituido por las instituciones del Estado venezolano, para intentar debilitar la fortaleza de las instituciones venezolanas".
Una necedad como esta sólo es comprensible dentro del contexto del desconcierto en que se encuentra sumido el alto mando chavista a raíz de las "hazañas" del excoronel y Fiscal de la Corte Marcial y exmagistrado del TSJ.
En ese mismo espíritu han venido declarando otros chavistas de alto coturno. Se trata de hacer invisible a AA y transformar su caso, a punta de declaraciones de igual tenor, en una "operación de guerra sucia de la oposición".
Si esto que gobierna el país fuera una revolución verdadera sus líderes habrían agarrado ese toro por los cachos, reconocido sus responsabilidades y sancionado duramente a los culpables. Pero la mejor demostración de que aquí no se ha producido ninguna revolución y ni siquiera el pobre Giordani puede ufanarse de su mínima aspiración a hacer "por lo menos un país un poco más decente", es precisamente el empeño en invisibilizar a AA y utilizar su caso como un pretexto para atacar y agredir a la oposición.
En primer lugar, la oposición no se ha apropiado de nadie.
No tuvo arte ni parte en el develamiento de las marramucias del pillo, y su conducta ha sido la de cualquier oposición en el mundo: denunciar, criticar y exigir las sanciones del caso. A las instituciones no las debilita la oposición sino la propia gente del gobierno. Del TSJ, por ejemplo, hay ya dos prófugos en el exterior, Aponte y Luis Velásquez Alvaray, acusados ambos de corrupción. Ninguno de los dos pertenece a la oposición y ha sido su propia conducta la que afectó negativamente al TSJ.
En segundo lugar, AA fue destituido, en efecto, porque la flagrancia de su delito era tal que no había manera de taparearlo, pero no se le abrió ningún juicio y ni siquiera se le dictó prohibición de salida del país. Los capitostes chavistas pensaron seguramente, porque creían conocerlo bien, que un infeliz como ese se daría por bien librado con la destitución y que no era necesario enjuiciarlo, porque tal vez podían salir cosas inconvenientes. Mejor era no menearlo. Pero se equivocaron porque no han medido la profundidad de la degradación en que el chavismo ha sumido a las instituciones y a quienes deben cubrir sus cargos. De modo que el hombre se dijo que no moría solo y que a algunos se llevaría en los cachos, porque ya no hay lealtades que guardar ni este régimen corrompido merece ya ningún sacrificio. ¿Tiene la oposición alguna responsabilidad en esto? Pero hay algo mucho peor. Las tropelías de AA eran conocidas de las autoridades por lo menos desde 2008, cuando aquellas allanaron las fincas y casas de Makled y su familia y encontraron numerosas evidencias físicas de las estrechas relaciones que mantenían el capo mafioso y el magistrado. ¿Por qué no se procedió en aquel momento? Porque para entonces AA podía todavía ser amparado por la "doctrina Chávez" de que "es preferible un pillo leal que una persona decente de cuya lealtad puedan caber dudas", como en alguna ocasión comentara un poco al desgaire, a un allegado que le cuestionaba precisamente a Aponte Aponte.
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