GIOCONDA ESPI NA/TalCualDigital
El Presidente va a morir con las botas puestas, es su naturaleza, por eso vino a Venezuela a resolver asuntos pendientes: la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de DDHH, de manera que ésta no pueda pronunciarse, eventualmente, ante la asunción del poder por una junta cívico-militar en caso de que muera antes del 7 de octubre. Probablemente esa junta cuente entre sus miembros a José Vicente Rangel y Luis Britto, nombrados en cadena nacional para integrar un Consejo de Estado recién decretado.
Chávez justificó la inclusión de Britto y Rangel por dos artículos que publicaron la semana anterior, alertando sobre la "intención golpista" de la oposición aliada al Imperio. Es decir, por promover la justificación para un autogolpe de una junta cívicomilitar que suspenda las elecciones del 7-O hasta que el PSUV designe nuevo candidato a la Presidencia y la junta llame de nuevo a elecciones presidenciales.
También vino a hacer proselitismo electoral, para lo cual nombró a Julio Alviárez y a César Ríos, como presidente y tesorero del Fondo para la Seguridad Social, un saludo tardío a la bandera de los y las trabajadoras que se complementó con la promulgación de una nueva Ley Orgánica del Trabajo que habría que derogar un día no por los avances ahí consagrados (cálculo de las prestaciones a partir del último salario, 26 semanas de permiso pre y postnatal para la madre trabajadora e inamovilidad laboral para la madre y el padre biológico y adoptivo por 2 años; jornada semanal de 40 horas) sino por la horrorosa redacción.
En una época en que se exigen leyes breves, claras y precisas, esta ley es larga, oscura e imprecisa. De hecho, se prevé casi una docena de leyes especiales futuras para definir lo que no se define en esta ley redactada "al vapor" y sin revisión de estilo final para evitar omisiones, repeticiones (el art. 17 repite el art. 88 de la Constitución, sin mejorar la redacción confusa del 88) e inclusión de asuntos fuera de lugar en una LOT. Un ejemplo: los arts. 18, 20 y 21 dicen lo mismo: que no habrá discriminación laboral por una serie de razones, pero el 18 excluye a la "orientación sexual" que sí se incluye en el 21; y el 20 dice que no se discriminará a las mujeres que ya estaban incluidas en el 18 y el 21.
Por cierto, el peor temor de los trabajadores: la creación de un Fondo Único de Prestaciones Sociales controlado por el Estado, se prevé pero antes hay que hacer otra ley especial para eso (ver art.
147, cap. V). El art. 122 y los artículos que van del 141 al 145, ratifican la forma actual de garantizar las prestaciones las y los patronos y de cobrarlas los y las trabajadoras al finalizar la relación de trabajo.
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