El fiscal venezolano Danilo Anderson, quien investigaba los eventos que condujeron a la breve salida del poder de Hugo Chávez en abril del 2002, fue asesinado bajo órdenes de las más altas instancias del gobierno para ocultar que el mandatario había renunciado en medio de la escalada de violencia en vez de ser derrocado como asegura la versión oficial, reveló el dirigente opositor Pablo Medina.
El ex senador dijo en una entrevista que Anderson estaba por imputar al entonces ministro de Defensa, el general Lucas Rincón, quien en ese entonces no tendría otra opción que confesar la verdad ante las cortes.
Según Medina, Chávez en ese momento no tenía el control del sistema judicial que tiene actualmente y Anderson estaba empeñado en realizar una investigación exhaustiva pese a que era chavista y a que estaba siendo presionado para que participara en los esfuerzos del gobierno por ocultar la verdad.
“A ese fiscal lo asesinan para que no concluyera las acciones. Ya había concluido las investigaciones e iba a actuar”, comentó Medina, quien compitió con el gobernador Henrique Capriles en las primarias de la oposición venezolana de febrero.
“Querían evitar que imputara a Lucas Rincón, porque el general había dicho que se le pidió la renuncia al señor presidente, lo cual aceptó”, agregó.
El fiscal también se proponía imputar a los militares que presuntamente “ordenaron disparar contra la manifestación” de ciudadanos que marchaban pacíficamente hacia el Palacios de Miraflores el 11 de abril. Unas 19 personas murieron y cientos resultaron heridas en los enfrentamientos.
Medina, cuyas investigaciones le llevaron a publicar un libro sobre el asesinato de Anderson, señaló que éste estaba afiliado al partido de gobierno y era un seguidor del presidente Chávez, pero que estaba realmente tratando de determinar lo que había pasado en abril del 2002.
El fiscal murió en noviembre del 2004, a los 38 años, al detonar un aparato explosivo que había sido colocado en su auto. La bomba, elaborada con un explosivo plástico C-4, habría sido detonado a distancia a través de un teléfono celular.
La justicia venezolana atribuyó la autoría del atentando a opositores, incluyendo a los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, a la periodista Patricia Poleo y al empresario de medios y banquero Nelson Mezerhane.
No obstante, el testigo clave de la fiscalía, Giovanny Vásquez, posteriormente dijo que había recibido una oferta de $500,000 para inculpar a los sospechosos.
“Ellos tenían todo montado [...] todo fue algo que me dijeron que dijera”, expresó Vásquez en la entrevista con la periodista María Angélica Correa.
En la entrevista que concedió en el 2006, Vásquez, dijo que ese pago era sólo una parte de los $7 millones que el entonces fiscal general Isaías Rodríguez le prometió a cambio de declarar contra los “sospechosos” que había escogido el gobierno como autores del asesinato.
Vásquez había testificado ante las autoridades que había estado presente en reuniones en Panamá y Venezuela donde se planeó el asesinato de Anderson, pero luego se retractó en la entrevista.
Medina acusó al ex vicepresidente José Vicente Rangel de haber organizado el asesinato.
“José Vicente lo planificó, conjuntamente con Isaías Rodríguez, Fiscal General, con el jefe de la DISIP [dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención], el coronel Rodríguez Torres y con el ministro de Relaciones Interiores, Jesse Chacón”, dijo el ex senador.
“Lo planificaron en el Ministerio del Ambiente de un municipio llamado El Hatillo, allí se reunieron entre abril y mayo del 2004 a perpetrar el crimen”, agregó.
Añadió que en ese lugar también almacenaron armas que luego fueron plantadas en las viviendas de las personas que ellos posteriormente implicaron como chivos expiatorios.
Sus declaraciones coinciden con las brindadas hace una semana por el ex magistrado Luis Velásquez Alvaray, quien también acusó a Rangel de encabezar una banda que hace uso del sistema judicial para la extorsión de individuos y empresas.
Según Velásquez, la información le fue brindada por el ex comisario venezolano Víctor Rivera, quien fue posteriormente asesinado en Guatemala.
“Rivera señala que el autor intelectual del crimen de Anderson es José Vicente Rangel, el encubridor es Isaías Rodríguez, y el otro autor es Jessie Chacón, Ministro de Interior y Justicia para la época”, declaró Velásquez en una entrevista de televisión.
El Nuevo Herald
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