Estos últimos 13 años Hugo Chávez no sólo ha dejado en el limbo legal las relaciones económicas y comerciales de Venezuela con los países andinos, con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, sino que ha creado entes alternativos, como el Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y otros, que dejan mucho que desear en cuanto a la transparencia de sus objetivos y su ejecutoria.
Ahora, el combo bolivariano arremete de nuevo contra la Organización de Estados Americanos, particularmente contra las instituciones defensoras de los derechos humanos del organismo, secundado por Ecuador, Bolivia, Nicaragua y algunos países caribeños, y llevado de la mano por Juan Manuel Insulza, aliado incondicional de Chávez.
La cita de cancilleres de las Américas que se desarrolla en Bolivia, convocada para tratar como tema central la seguridad alimentaria, se ha desviado para incluir, a solicitud de Insulza y Ecuador, unas propuestas de reforma destructora de la Comisión y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Como se ha evidenciado en el transcurso de los años, la OEA, aunque ciertamente ha sido promotor de la defensa de los derechos humanos, también se ha transformado en un cascarón vacío que poco ha logrado para la consecución de otros de sus importantes propósitos, como lo son la democracia, la seguridad y el desarrollo de los pueblos del Hemisferio.
Ahora, esta defensa de los derechos humanos podría también perder su vigor con las propuestas del Grupo Especial de Reflexión del Consejo Permanente, acogidas por Insulza, donde se busca una reforma del estatuto de la CIDH, para otorgar a la Asamblea General “poderes para redefinir las funciones de la comisión y sus relatorías en materia de tramitación de casos” así como para “elaborar informes e, incluso, permitir que los estados definan los términos de cómo son monitorizados por sus violaciones a los derechos humanos”.
Dentro de los objetivos entrarían también la eliminación de la figura del Relator de los Derechos Humanos, o al menos la reducción de su rol; la limitación de las facultades de la CIDH para denunciar o brindar protección a las víctimas; y restringir que en los informes se personalice a los estados infractores.
Todo esto, atenta contra la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión y tiende a debilitar la relativa fuerza que aún tienen el Pacto de San José y la Carta Democrática.
No es de dudar que la propuesta para reducir este bastión de defensa de los derechos humanos en el Continente, será apoyada por los gobiernos del ALBA y del Caribe, subvencionados por la petrochequera de Chávez.
VenEconomía considera que es vital apoyar a los grupos defensores de los derechos humanos que luchan hoy en Bolivia para impedir que esta propuesta siga adelante, y en especial a los venezolanos.
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