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Según la información recibida, el 3 de junio de 2012, Lulú (registrada al nacer como José Antonio Suárez García) fue asesinada por varios impactos de bala. Los informes periodísticos indican que en horas de la madrugada, un automóvil comenzó a pasar en forma reiterada por la esquina donde se encontraba con otras dos personas, y que Lulú fue baleada desde ese vehículo. Organizaciones sociales y medios de comunicación indican que este crimen se suma a otros ocho asesinatos de mujeres trans ocurridos en Caracas en lo que va del año, en un contexto de agresiones y falta de investigación a estos hechos.
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. La Comisión insta al Estado a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido en razón de la identidad de género o la orientación sexual de la víctima.
La Comisión continúa recibiendo información sobre asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y otras formas de violencia y exclusión contra lesbianas, gays y personas trans, bisexuales e intersex. Asimismo, la Comisión observa que existen problemas en la investigación de estos crímenes, lo que conlleva, en parte, a que no se abran líneas de investigación que tengan en cuenta si el delito fue cometido en razón de la identidad de género u orientación sexual de las víctimas. La inefectividad del sistema de justicia fomenta altos índices de impunidad, los cuales a su vez propician su repetición crónica, sumiendo a las víctimas y a sus familiares en la total indefensión.
La CIDH urge al Estado a adoptar acciones para evitar y responder ante estos abusos a los derechos humanos y garantizar que las personas LGTBI puedan ejercer efectivamente su derecho a una vida libre de discriminación y violencia, incluyendo la adopción de políticas y campañas públicas, así como las reformas necesarias para adecuar las leyes a los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Globovisión/Nota de prensa
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