Iris Varela, conocida en Venezuela como «La fosforito», el mote que le puso el presidente Hugo Chávez hace 13 meses cuando la nombró ministra de Asuntos Penitenciarios, no es bienvenida en su área de competencia. Los presos piden su renuncia y para lograrlo se declararon en huelga de hambre, secuestrando a sus propios familiares en las cárceles.
Unos 20 penales de los 35 que existen en el país se sumaron a la protesta que iniciaron los líderes de los reos en la Penitenciaría General de Venezuela, que exigen cuatro condiciones, según publica la prensa local: «La primera es la renuncia o destitución inmediata de la ministra Iris Varela y del director de custodia y prisiones Reinaldo Rangel, por no haber ayudado en el bienestar social de los internos ni descongestionado las cárceles».
En segundo lugar, reclaman la revisión constitucional del nuevo Código Orgánico Penitenciario, «porque en lugar de beneficiar a los internos los perjudica».
Exigen también que «no se realice en ningún penal venezolano la intervención y militarización de las cárceles debido a la violencia, enfrentamientos y violación de los derechos humanos de los internos».
Por último, piden al Estado que «devuelvan a todos los compañeros a sus penales de origen para poder agilizar con más facilidad sus procesos judiciales».
Los primeros en sumarse a la protesta fueron los reos de la prisión de Yare, en el estado Miranda, por el temor de que militaricen el penal después de que el pasado 19 de agosto un enfrentamiento entre presos armados se saldara con 25 muertos y más de 50 heridos.
La violencia carcelaria aumentó desde que Chávez nombró a la ministra Varela, que estrenó el cargo antes dependiente del Ministerio del Interior y Justicia. En el primer semestre del año se registraron 304 presos muertos y otros 527 heridos, con un repunte del 15 por ciento en relación al mismo período de 2011, según ha denunciado Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
El representante de esta ONG señala a ABC que el año pasado ocurrieron 560 muertes violentas de reos y 1.457 heridos. Las 35 prisiones alojan a 45.000 internos lo que supera su capacidad instalada para 15.000. "Esto evidencia que el Estado no salvaguarda la vida de los internos y ni siquiera de sus propios funcionarios, porque este año han matado a los directores de las prisiones de las ciudades de Mérida (oeste), Santa Ana (sur) y al jefe de Régimen del Internado de Barinas (oeste)", dijo Prado.
Cort. ABC.es
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