KEILYN ITRIAGO MARRUFO/TalCualDigital
Con caradurismo y oídos sordos recibió el Estado venezolano las denuncias sobre violación a los derechos humanos en el país durante la audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), en el marco del 146 período de sesiones. Entre contradicciones, señalamientos y juzgamientos, una vez más la vocería oficial demostró perder la cordura antes las críticas.
En su derecho de palabra, el representante para los DDHH, Germán Saltrón, sostuvo que Venezuela sigue sin entender por qué la incluyen como violadora de derechos humanos porque ninguna nación puede hablarle a este país sobre la materia, además con la Constitución de la nación según él pueden jactarse de asegurar la atención y respeto al pueblo venezolano.
Sin embargo, inmediatamente después, manifestó que el territorio latinoamericano es uno de los pocos países que ha reconocido su responsabilidad en violaciones de DDHH, además de apuntar que el problema de la seguridad ciudadana es mundial y que al menos el Estado ha admitido sus fallas en ese ámbito. “No se le puede pedir a Chávez que resuelva en 14 años de gobierno los problemas que llevan 70 años afectando a los venezolanos”, acotó. Ya no son los 40 anteriores nada más.
Saltrón aseguró que le llama la atención por qué antes de la presidencia de Hugo Chávez nadie se atrevía a denunciar. “Se presentaron seis denuncias nada más. Ahora sí hay una cola. Las denuncias tienen que ser verdaderas, por supuesto que debemos pensar mal”, apuntó, invitando a las organizaciones a trabajar con el Gobierno, a pesar de descalificarlos más tarde acusándolos de estar “fuera de la realidad”
La cumbre de la intolerancia por parte de los representantes oficiales estuvo en la exposición oficial de la enviada del Ministerio para el Servicio Penitenciario, Layla Tallardine, quien para contrarrestar las acusaciones sobre aumento de conflictividad, presencia de armas de fuego y drogas en los penales venezolanos, hacinamiento extremo, condiciones de insalubridad y violencia desatada, recurrió a calificar de “mentirosos” a Carlos Nieto Palma y Humberto Prado, directivos de Una Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolano de Prisiones, respectivamente. Ello le ganó un regaño por parte de la Presidenta de la CIDH.
Tallardine dijo que era totalmente falso que existiera una sobrepoblación de presos, pero señaló que la construcción de 24 centros de reclusión para procesados es un paso definitivo para la solución del problema.
El relator para Venezuela de la CIDH, Felipe González, lamentó el tono en que se ha expresado la delegación del Estado y recordó que las cárceles venezolanas "se cuentan entre las más violentas del continente".
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