El pasado sábado la fiscal general Luisa Ortega Díaz convocó a una rueda de prensa para informar que su despacho había identificado el cuerpo de Noel Rodríguez, estudiante de Economía de la UCV, detenido en 1973 por la policía política de entonces y reportado como desaparecido.
Hallaron la tumba, determinaron las causas de su muerte y además aseguró que sabían quiénes eran los responsables de tan abominable asesinato.
Nos parece adecuada la actuación del Ministerio Público, ya que ningún crimen debe quedar impune.
La locuacidad de Ortega Díaz andaba viento en popa mientras se refería al caso de Rodríguez, pero cuando fue interrogada sobre lo que ha venido ocurriendo desde 1998 con los integrantes de la familia Barrios, se le trabó la lengua y su respuesta dejó mucho que desear.
Para quienes no conozcan el caso se lo referimos brevemente.
Desde 1998, nueve miembros de la familia Barrios han sido asesinados. Todas las sospechas apuntan a que en los crímenes estarían involucrados funcionarios de la policía del estado Aragua.
Didalco Bolívar y Rafael Isea eran los gobernadores cuando fueron asesinados los referidos ciudadanos.
Ambos funcionarios pertenecen al proceso bolivariano que detenta el poder desde 1998. Por cierto, que el actual mandatario regional, Tareck El Aissami, mientras ocupó el cargo de ministro del Interior no hizo intento alguno por frenar estas violaciones a los derechos humanos.
A otras policías regionales las amenazó con intervenirlas por cualquier motivo, pero en el caso de Aragua no dijo ni pío.
El último integrante de la familia Barrios fue ajusticiado el pasado 15 de diciembre. A la fiscal general le recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas de protección para los miembros de este grupo familiar.
La respuesta de Ortega Díaz es un monumento a la desfachatez.
“Independientemente de la Corte, nosotros como Ministerio Público le hemos otorgado medidas de protección.
No es que no hemos cumplido: nosotros, haciendo abstracción de las medidas de la Corte, hemos solicitado a los tribunales y hemos ordenado a los cuerpos policiales que les ofrezcan protección a ellos. Estamos investigando ese caso”.
Más caradurismo imposible.
No somos investigadores, pero nos atrevemos a hacerle una sugerencia a la jefa del Ministerio Público.
Suponemos que esa averiguación que dice viene adelantando comenzó con los funcionarios que le debían dar protección a los miembros de la familia Barrios.
Deben ser, por lo menos, testigos oculares de los asesinatos.
Hasta el momento el despacho de Ortega Díaz no ha sido diligente en investigar los crímenes contra la familia Barrios.
Ojalá que tenga, al fin, la misma disposición que muestra para investigar el caso de Noel Rodríguez, pero lo dudamos mucho.
Así como también dudamos de que vaya a investigar con la diligencia requerida la masacre de Cantaura, ocurrida en la etapa pre-Chávez, y de la cual algo debe decir un diputado del PSUV.
O que se atreva a indagar los casos en los que tuvo protagonismo el actual gobernador de Guárico. ( Ramón Rodríguez Chacín)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al deplorar ¬el 18 de enero de 2013¬ la muerte del noveno miembro de esta familia señala que “la familia Barrios está siendo exterminada frente a la inacción del Estado, que ha ignorado los llamamientos, decisiones, recomendaciones y órdenes de los dos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
El caso de la familia Barrios es un mentis a los elogios que muchos integrantes del proceso bolivariano han hecho de la Constitución, pues según ellos la Carta Magna es la más avanzada del planeta en materia de derechos humanos.
Los Barrios pueden dar fe de que no es así. Del dicho al hecho hay mucho trecho.
Cort. Noticiascentro.com
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