Cónsono con la política de destrucción masiva del sector productivo nacional, el Gobierno de Hugo Chávez (hoy en ausencia indefinida) arremete a punta de una ley punitiva contra el ya deprimido sector automotor.
Para comenzar, ya el Gobierno había cercado, con el control cambiario a la industria automotriz, como a otras tantas.
A esta industria, considerada como “no prioritaria” por el Ejecutivo Nacional, se le escamotearon las divisas para la compra de las piezas importadas, lo cual llevó a que en 2012 se ensamblaran en el país tan solo 104.083 vehículos, en una industria que para 2007 ensamblaba casi 173.000 unidades, según cifras de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez).
En resumen, en 2012 la producción nacional del sector privado y del público alcanzó apenas para cubrir 40% de la demanda del país.
Para colmo se suma que el abuso de Cadivi de retrasar la entrega de divisas al sector importador ha ido más allá de lo que éste puede soportar, llegando el desfase del proceso de liquidación de las mismas a más de seis meses.
Pero, resulta que el Gobierno tampoco ha autorizado la importación de vehículos terminados para compensar esa falta de producción, como sí lo hace con los productos alimenticios básicos. Y esto ya es mucho decir, si se tiene en cuenta que aún con ese “beneplácito” varios rubros alimenticios de la dieta básica están desaparecidos de los anaqueles.
Por tanto, no es de extrañar que a los vehículos también los afecte la escasez. Y como bien se sabe cuando hay altos niveles de liquidez, la demanda se estimula y ante la misma cantidad de oferta (o menor en el caso de los automóviles), los precios cada vez son más altos.
Así, para combatir la “onda especulativa”, en vez de atacar la enfermedad (controles innecesarios y falta de incentivos para la inversión y la producción) al Gobierno no se le ocurrió otra cosa sino atacar los síntomas con una absurda legislación sobre la “Regulación de Compra y Venta de Vehículos” llevada a discusión de la Asamblea Nacional por el diputado del PSUV, Elvis Amoroso, de manera inconsulta con la industria y los factores de la unidad democrática.
Según se informa, este proyecto de ley propone, entre otros exabruptos: 1) Fijar los precios de venta de los vehículos a los niveles de 2009, o sea por debajo de su costo actual, como si se pudiera lograr que alguien produzca a pérdida, 2) Prohibir la venta de automoviles antes de los dos años de comprados, lo cual generará un foco incontenible de corrupción y, 3) prohibir a las compañías de seguro ofrecer cobertura mayor que el costo original del vehículo.
Olvidan los “revolucionarios” que si no se estimula la producción y la inversión, no hay ley que pueda hacer el malabarismo de que aparezcan los carros, mucho menos si es una ley que regula los precios.
Lo que ocurrirá es que similar lo que sucede en otros sectores fuertemente regulados (alimentos, mercado de divisas o de alquileres, por citar sólo tres), la producción y ventas de la industria automotriz se verá fuertemente afectada y deprimida, generando un mercado negro donde los precios se incrementarán volviéndolos inasequibles. Al final, quien terminará sufriendo estas malas decisiones son los ciudadanos, para quienes el medio de transporte se convertirá en un bien inexistente.
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