En Venezuela, el Ejecutivo Nacional y el Poder Electoral hasta ahora han hecho caso omiso a la exigencia de contar el 100% de los comprobantes de votación exigido por el candidato Henrique Capriles y por más de siete millones de venezolanos, además de ser avalada por la OEA, la Unión Europea y otros países.
El 14 de abril, minutos después de que la rectora Tibisay Lucena anunciara los resultados de los comicios, el rector Vicente Díaz solicitó en rueda de prensa que, debido a la estrecha diferencia entre los candidatos (1,59%) y para tranquilidad de “la parte del país que no ha tenido los resultados que esperaba”, se auditara el 100% de los comprobantes de votación.
Petición esta que fue aceptada por Nicolás Maduro, en su alocución al país en cadena nacional esa noche, y aplaudida por su audiencia: “Que quieren hacer una auditoría. Bienvenida la auditoría, que se haga la auditoría que se quiera hacer, confiamos en el sistema electoral de Venezuela. ¡Bienvenida la auditoría!”… Y aseveró que “los más interesados en la auditoría somos nosotros. Yo le solicito oficialmente al Consejo Nacional Electoral la realización de una auditoría de cara al país, para que no quede duda de los resultados electorales”.
Se trata además de una petición que exigió Henrique Capriles cuando se dirigió al país informando que no reconocería el resultado anunciado por el CNE hasta que no se abrieran “todas las cajas y que cada voto sea contado". Explicó esa noche Capriles que si se sumaban las 3.200 incidencias ocurridas ese día, los votos del exterior y alrededor de 300.000 votos afectados que denunció Leopoldo López, así como otros vicios, se estaría “hablando de un proceso distinto".
Así planteados los hechos, no se entiende el porqué este lunes, Nicolás Maduro y su jefe de campaña, Jorge Rodríguez, se negaron a que se abrieran todas las cajas de resguardo y se contaran todos los comprobantes de votación.
Tampoco comprende el país el porqué se precipitó el CNE a proclamar a Maduro como Presidente de la República este lunes en la tarde ni el porqué, a estas horas del martes 16 de abril, el ente comicial no se ha pronunciado sobre la realización de esta auditoría.
La postergación, o no realización, de esta auditoría sólo puede arrojar más sombras sobre un proceso electoral y un ente comicial, que ya están plagados de parcialidad, falta de objetividad y opacidad. Un ente que se ha hecho la vista gorda ante el ventajismo, abuso de poder e ilegalidades cometidas por el oficialismo antes y durante el día comicial.
La mitad de los electores, muchos más de los 7,3 millones que le reconoce el CNE, en plena sintonía con el liderazgo de Capriles, tiene el derecho que le otorga la Constitución y las leyes de exigir el conteo del 100% de los comprobantes de votación. Y el CNE tiene la obligación de darle una respuesta oportuna a esa solicitud. De lo contrario, se imbuiría de ilegalidad al gobierno de Maduro.
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