Luego de los polémicos resultados de los comicios del 14 de abril, y sin entender cabalmente que el país es otro donde ya no son la mayoría, los castrocomunistas se han puesto “rodilla en tierra” para arreciar aún más el proceso dictatorial y poner de rodillas al resto de la población.
Muestras de esta dramática realidad la están viviendo en varias ciudades del país los manifestantes detenidos, cuyos familiares denuncian que han recibido malos tratos, además de obligarlos a cantar consignas pro Maduro y la revolución, al mejor estilo nazi.
También a los parlamentarios del bloque de la unidad democrática les tocó lo suyo con las agresiones físicas a varios diputados así como con la inconstitucional decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de negarle el derecho de palabra a los parlamentarios que no expresaran de viva voz el reconocimiento de Maduro como Presidente.
La radicalización del castrocomunismo se extiende además a los damnificados que se hunden en refugios insalubres y a los beneficiarios de misiones, a quienes Odalis Monzón, una diputada del PSUV por el estado Vargas, amenazó por twitter con meterle la lupa a quienes toquen cacerolas, para que luego “no pidan cacao”. Así como también está afectando al sector laboral, debido a la alta votación de Henrique Capriles en algunas zonas donde predominaba la votación para Chávez. Por ejemplo en Guayana, se pretende revivir en las empresas del Estado de esa zona el apartheid aplicado con las listas Tascón y Maisanta en contra de trabajadores disidentes.
Es alarmante escuchar a trabajadores y sindicalistas del gobierno aupar para que se “depuren las nóminas de trabajadores que no estén suficientemente comprometidos con el proceso revolucionario”, o vociferar para que se haga una “limpieza” para hacer de Corpoelec una empresa “rojita”, en flagrante violación al derecho universal al trabajo.
Igual de alarmante es que en vez del oficialismo estar abocado a buscar soluciones concertadas con el sector privado para activar el sistema productivo nacional y solventar la galopante crisis económica en la que ha sumergido al país, está malgastando su tiempo y energías para profundizar la presión, la coacción y las amenazas contra la industria y el comercio si no se pliegan sin condiciones al gobierno, hecho que viola el derecho de libre empresa consagrado en la Constitución.
Por ejemplo, a pesar de que en el país no hay ninguna amenaza de huelga general, funcionarios del Ministerio del Trabajo están obligando a los comerciantes de Caracas y del interior del país a firmar un acta de compromiso de no suspender sus actividades, según informó a la prensa Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas.
Otra muestra preocupante es la reunión que convocó el vicepresidente Jorge Arreaza con el Ejecutivo Nacional y más de 70 empresarios de los sectores alimenticio y farmacéutico donde, en vez de analizar las soluciones y acuerdos plausibles para garantizar el abastecimiento y la producción de estos rubros, se les exigió que no se “acoplen” con la oposición, pues como afirmara el ministro de Alimentación Carlos Osorio “la reunión no era para hablar de dificultades, sino para ver si los empresarios nos apoyan”.
En vez de buscar el estado de bienestar de los ciudadanos, los que pretenden gobernar al país buscan poner de rodillas a toda la población para privilegiar a un proyecto político no compartido por la mayoría. Eso se llama dictadura y es augurio de una profundización de la crisis económica y social mayor a la que se temía.
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