El régimen bolivariano parece estar dispuesto a cruzar el punto de no retorno para dejar atrás toda apariencia de democracia, al hacer planes para encarcelar al máximo líder de la oposición, silenciar las voces de los diputados en el Congreso y darle carta blanca a la represión.
Las acciones del régimen de Caracas se producen en momentos en que enfrenta una crisis de legitimidad, con la oposición cuestionando los resultados de los comicios presidenciales del domingo en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al líder de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, por un margen inferior a dos puntos porcentuales.
Pero el potencial arresto del líder de la oposición, Henrique Capriles, aunado a las emergentes dudas sobre la legitimidad de origen del nuevo gobierno de Maduro, podrían terminar de encasillar al régimen firmemente en la columna reservada para las dictaduras.
Ya Maduro venía ejerciendo la presidencia ilegítimamente al ser inaugurado en nombre del entonces enfermo Hugo Chávez, dijo el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez.
Pero esto es diferente, sostuvo en una entrevista telefónica.
“Cuando se posesionó Maduro, ya la democracia de Venezuela estaba enferma. Maduro usurpó el poder ese 10 de enero, y la ilegitimidad del régimen corre desde entonces. Pero lo que tenemos ahora es la culminación de un proceso de descomposición democrática, que está llevando lo que era un sistema que estaba enfermo a un sistema que ahora está agonizante”, expresó Cochez.
Maduro enfrenta el clamor de más de la mitad del país para que autorice el recuento de los votos depositados en las elecciones del domingo, en medio de las acusaciones de la oposición de que las más de 3,000 irregularidades detectadas pudieron haber cambiado el verdadero resultado de los comicios.
Pero las solicitudes de un recuento fueron enfrentadas esta semana con la represión de las manifestaciones de protesta que los opositores realizaban pacíficamente en diferentes ciudades del país, acciones que dejaron al menos siete muertos, y con órdenes emitidas por Maduro al sistema judicial venezolano para que abra procesos contra Capriles, el candidato presidencial de la oposición.
Irónicamente, el gobierno bolivariano pretende encarcelar a Capriles, acusándole de ser el responsable de la violencia ejercida por los organismos de orden público.
“Lo van acusar de los delitos de incitar a la población a la rebelión, causar desórdenes públicos y el cierre de vías públicas. Además será investigado por las muertes y lesiones provocadas en las protestas [del martes]”, dijo a El Nuevo Herald una fuente con acceso a la información.
“Las órdenes van contra Capriles, su comando de campaña y algunos integrantes de la MUD [Mesa de la Unidad Democrática]”, agregó.
Las maniobras del régimen de Caracas pretenden silenciar el creciente clamor de un recuento de los votos emitidos el viernes, que según el CNE le otorgó a Maduro una victoria de 50.75 por ciento frente al 48.98 por ciento que habría obtenido Capriles.
Pero la oposición cuenta con múltiples razones para desconfiar de ese resultado, incluyendo el férreo control que la Revolución Bolivariana ejerce sobre el CNE, y una serie de instrumentos diseñados para darle la ventaja al chavismo, situación descrita por expertos electorales independientes como “un fraude en cámara lenta”.
Decenas de miles de venezolanos salieron el martes a protestar la negativa del gobierno venezolano de recontar los votos, expresiones pacíficas de repudio que fueron enfrentadas con la fuerza y que dejaron un saldo de siete muertos, decenas de heridos y de arrestos.
Los esfuerzos del gobierno por acallar las quejas de las oposición también se extendieron hasta la Asamblea Nacional, cuyo presidente Diosdado Cabello ejerció presión sobre los diputados opositores.
“La oposición no deja de ser caprichosa, son unos burgueses, hijos de papá y mamá; de los gringos es que ustedes reciben lineamientos, y del ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, ya el pueblo los conoce, este es un pueblo consciente, no se sigan equivocando”, expresó Cabello.
“En esta asamblea nacional mientras yo sea presidente no tendrá derecho de palabra ningún diputado mientras no reconozcan a Nicolás Maduro, pueden meterse donde quieran, pero acá no tienen derecho de palabra”, sentenció Cabello.
Horas después, Cabello destituyó arbitrariamente a diputados de la oposición de las comisiones que presidían.
La decisión de preparar un eventual enjuiciamiento de Capriles fue tomada en la noche del martes por el propio Maduro quien convocó una reunión en la que estuvo presente la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, y la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, reveló la fuente.
La fiscalía trabajó en la noche del martes en la imputación que debía ser introducida ante un tribunal de control antiterrorista.
La Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el miércoles que las cortes venezolanas, consideradas como apéndices de la Revolución Socialista iniciada por el difunto Hugo Chávez, preparaban acciones legales contra la oposición.
“Es muy importante en este momento que casi todas las instituciones se han expresado por los hechos. Es necesario, que como institución y como cabeza del poder judicial en Venezuela, fijemos posición”, dijo Estela Morales en citas publicadas por el diario El Nacional de Caracas.
Las acciones emprendidas por el gobierno venezolano para tratar de contener el clamor popular de un recuento es mal visto por integrantes de la comunidad internacional.
El miércoles, la Casa Blanca instó al gobierno venezolano a proteger el derecho a la libre expresión y a la protesta y a evitar la violencia.
“Llamamos al gobierno venezolano a respetar el derecho de los ciudadanos venezolanos a reunirse pacíficamente y expresarse libremente”, dijo el portavoz del presidente Barack Obama, Jay Carney.
“También instamos a todos a evitar la violencia y otras medidas que podrían incrementar la tensión”, añadió el portavoz de la Casa Blanca.
El pronunciamiento fue seguido por otro llamado lanzado por Human Rights Watch (HRW), organización que instó al gobierno madurista de “respetar la libertad de prensa, y garantizar que todos los incidentes violentos se investiguen en forma oportuna, exhaustiva e imparcial”.
El Nuevo Herald
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