Por: VenEconomía
El martes 4 de junio la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la Ley para el Control de Armas y Municiones.
El gobierno de Nicolás Maduro dice que resguardará la seguridad de los venezolanos y controlará los índices de criminalidad en el país, con esta ley, con su Plan Patria Segura y, también con el Movimiento por la Paz y la Vida.
Lamentablemente, éstos no serán más que otro saludo a la bandera, y es poco probable que se logre avanzar realmente hacia el objetivo de decirle adiós a las armas en manos de los delincuentes.
Para comenzar como afirma la especialista en el tema, Rocío San Miguel, la ley es débil en lo que respecta “al control e inspección de la importación, fabricación y tenencia de armas y municiones por parte de los organismos del Estado”. Lo cual a su entender “es grave, pues la mayor parte del mercado ilegal de armas y municiones tiene como punto de origen esta fuente”.
Además se tiene que en materia de seguridad ciudadana se ha evidenciado un sin fin de contradicciones en los 14 años del gobierno de Hugo Chávez, y en los más de seis meses con Nicolás Maduro al mando.
Por un lado se anuncian leyes y planes de seguridad, mientras que por otro se sigue insistiendo en una revolución “pacifica pero armada”, haciéndose las autoridades la vista gorda ante las tropelías de sus colectivos armados que gozan de total impunidad y ahora con el anuncio de una milicia obrera armada, paralela a las fuerzas militares del Estado.
Cabe recordar que en diciembre de 2011 el Ministerio de Interior y Justicia dictó cinco medidas especiales para el control de todas las armas y municiones, como parte de una política integral de desarme a la población incluyendo, entre otras, la prohibición de “comercializar y distribuir armas de fuego y municiones a personas particulares por parte de empresas públicas y privadas” y la prohibición de portar armas en sitios públicos.
Sin embargo, estas medidas quedaron como letra muerta en el papel con poco o ningún efecto, mientras que la cifra de homicidios pasó de 19.336 en 2011, a 21.692 en 2012. El gobierno ha mostrado una total ineficiencia en el control de armas de fuego, incluyendo las de altos calibres, en manos de la delincuencia.
El punto vital es que esta grave problemática debe ser tratada de manera integral y atacando a fondo los errores estructurales que han viciado el sistema judicial del país. Con una fuerza pública policial de alta moral, instruida, bien pagada y equipada, y sobre todo comprometida con el propósito de velar por la paz y la seguridad ciudadana.
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