Esta “guerra económica”, que inventó el gobierno espurio de Nicolás Maduro para evadir su responsabilidad en la debacle económica en la que ha sumergido a Venezuela y buscar réditos electorales en 8D, está dejando una incontable secuela de víctimas.
Las primeras, las empresas distribuidoras y de ventas al detal, cuyos propietarios están siendo criminalizados, robados, enjuiciados y sometidos al escarnio y odio público.
Como se ha escrito en la historia de todo país sometido a este tipo de movidas dictatoriales, en Venezuela se vislumbra en el corto y mediano plazo el fin (o la reducción a la mínima expresión) del sector comercio en manos de privados, para ser sustituido por la hegemonía del Estado. Elporvenir en materia comercial será muy similar a lo acontecido en Cuba y en Zimbabue, por citar sólo dos naciones sometidas por regímenes populistas y dictatoriales.
Se repite también la experiencia reciente de la toma por el gobierno venezolano del sector agroindustrial, el de construcción, el de las casas de bolsa, los sectores eléctrico, cementero, siderúrgico, lácteo, azucarero, de papel, y otros más del área manufacturera. Una toma que ha hecho desaparecer del espectro del país a unas 170.000 empresas desde marzo de 2003 a marzo de 2012 (26,7%), según las cifras del propio Instituto Nacional de Estadísticas. A fines de 2012, el entonces presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, indicó a la prensa nacional que el número de empresas desaparecidas habría llegado en noviembre pasado a 237 mil empresas, al pasar de 617 mil en 2002 a 377 mil en 2012. Y según el cálculo de Botti, esta merma empresarial impactó en unas 900 mil personas que podrían haber obtenido un puesto de trabajo, pero se vieron obligadas a recurrir a la informalidad o pasar al sector público.
De este saldo tan negativo, surgen las segundas víctimas que dejará el ataque al sector comercio privado: Los trabajadores.
Froilán Barrios, miembro del Frente autónomo en defensa del empleo, el salario y el sindicato, Fadess, condenó las acciones del gobierno contra el sector comercio informando que se estarían arriesgando los puestos de trabajo de unos 2 millones de ciudadanos cuya labor está vinculada al comercio de bienes y servicios, de los 6,5 millones que laboran en la economía formal.
Es decir, la sentencia de Maduro de vaciar anaqueles en los almacenes DAKA, y que ha generado una escalada de “percances” en comercios de todo tipo y tamaño a nivel nacional, puede terminar generando mucho más desempleo, condenando a miles de venezolanos a morirse de mengua, pasar a la informalidad o en “el mejor de los casos” a depender, luego de jurar lealtad a la revolución y vestirse de rojo, de una misión o de un puesto en el gobierno para seguir engrosando una nómina pública que ya suma 2,5 millones de personas, 255% más de los 980 mil funcionarios públicos que existían hace una década.
La tercera víctima como siempre será la población, incluso la que hoy aplaude el acceso a supuestos “precios justos” de bienes y productos, como resultado del robo institucionalizado por el gobierno. Plasmas, neveras, baterías, y licuadoras hoy, hambre para mañana en la mañana.
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