Con el sobreseimiento de una causa interpuesta por presunta corrupción de Diosdado Cabello, el Tribunal Supremo limpia el expediente del exgobernador de Miranda. Los denunciantes no tuvieron acceso al expediente. Magistrados consideraron que no hay elementos para presumir la comisión de delitos. El exprocurador que introdujo la denuncia se queja de que no se llamó a las partes
KEILYN ITRIAGO MARRUFO/TalCualDigital
La decisión de sobreseimiento de una causa interpuesta contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por su participación en la supuesta comisión de delitos de corrupción durante su desempeño como gobernador del estado Miranda y director general de la Corporación de Servicios y Mantenimiento de la entidad, es para el accionante de la denuncia, el entonces procurador general del estado Miranda, Rafael Guzmán Reverón, una acción que difícilmente puede catalogarse como objetiva, y más aún en el marco de la aprobación de la Ley Habilitante.
Dice que las presuntas irregularidades en torno a una compra de inmuebles y bienhechurías con recursos del presupuesto ordinario que se hizo en 2008, es sólo una de muchas denuncias que se plantearon una vez que la administración de Henrique Capriles Radonski se instaló, pues según explica el trabajo de auditoría que se le encargó así lo arrojó.
Detalla que lo que se cuestionaba no era el sobreprecio, sino la violación de los pasos para la adquisición de los bienes.
Según Guzmán Reverón, el fallo, que se conoció la tarde del miércoles, dictado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a solicitud de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, por considerar que no había elementos concretos que hagan presumir la comisión de los delitos contra el patrimonio público, no ha podido ser revisado en profundidad pues no ha tenido acceso al expediente.
Se queja de que aún como parte interesada nunca pudo tener control de las actuaciones de Fiscalía, tampoco fue notificado de su petición ante la Sala Plena.
"Es muy lamentable que el TSJ se convierta en un órgano mas bien político, porque debió haber citado a la Procuraduría. El Ministerio Público también debió haber permitido que la Procuraduría participara en las investigaciones y nada de eso sucedió", apunta al tiempo que señala, junto a su sucesor en el puesto, que hicieron muchas diligencias promoviendo pruebas e impulsando estudios y citaciones de varios testigos.
"Cuando no has podido tener acceso es muy difícil catalogar de objetiva la decisión del TSJ", agrega.
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