El silencio informativo del gobierno debe ser escudriñado, pues tras él se esconde la caja de Pandora del fracaso de la revolución que se quiere enquistar a fuerza de balas y represión.
Ya no se trata de la falta de acceso a las fuentes de información del Estado, que viola la Constitución, en áreas vitales como los indicadores sociales para evitar que se conozca la realidad sobre, por ejemplo, la Tasa de mortalidad materno-infantil, la reaparición de enfermedades que habían sido erradicas o controladas en el país, la tasa de analfabetismo, la deserción escolar o la criminal cifra de homicidios que hace de Venezuela el segundo país más violento del mundo. Ni de la falta de rendición de cuentas de casi la totalidad de los despachos ministeriales y entes del gobierno.
Tampoco se trata de las modificaciones de los métodos de medición de las tasas de empleo, desempleo o subempleo que introdujo el Instituto Nacional de Estadísticas que desvirtúan la realidad de la situación del país.
Ni se limita a las mentiras y manipulaciones del cumplimiento de metas de las misiones, especialmente las referidas a la Gran Misión Vivienda Venezuela y las de Barrio Adentro. Ni de la opacidad con la que se manejan los préstamos que asume la República con el Fondo chino-venezolano, o las “ventas” y dádivas a los países “hermanos” de la revolución como Cuba, Bolivia, Nicaragua, Argentina o países del Caricóm; o las inversiones que se desvían por el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) o los sacos sin fondo por donde se han desaguado los ingentes ingresos por exportaciones petroleras que entraron a Venezuela en estos 15 años.
Ahora, el silencio se extiende también a los resultados de la economía, una información que por ley tiene que reportar obligatoriamente el Banco Central de Venezuela los primeros cinco días de cada mes.
A la fecha, por ejemplo, el Banco Central (BCV) no ha publicado las cifras del desempeño económico de 2013, las cuales debieron ser presentadas el 15 de febrero. Tampoco ha publicado el informe sobre la Balanza de Pagos y los presupuestos del gobierno central y consolidado del sector público, ni los estados financieros de PDVSA (y otras empresas públicas) y la información acerca de deudas en dólares y en bolívares. En el caso del Ministerio de Petróleo y Minería, en las 555 páginas de su Memoria y Cuenta, no se encuentra mención alguna del estado de ganancias y pérdidas, ni mucho menos de las notas de los auditores externos.
Con respecto a la inflación que se devora el salario de los venezolanos, la información oficial es espasmódica desde diciembre de 2013, mes cuando el BCV optó por no publicar las cifras de inflación de noviembre hasta no estar seguro que en diciembre se reflejara la inflación sustancialmente menor que ficticiamente produjo el efecto Dakaso. Para enero y febrero las cifras de inflación oficial se publicaron tarde e incompletas; y las de marzo llevan un retraso de más de una semana.
Del Índice Nacional de Escasez, no se tiene reporte oficial desde enero, y de él solo conocen los ciudadanos que “el no hay” se ha hecho cotidiano y los lleva a deambular de un sitio a otro para abastecerse desde el aceite, la leche, la harina para las arepas, hasta los productos de aseo personal y papel higiénico.
Aunque hay quien piensa que esta falta de información se debe a negligencia, ineficiencia o incapacidad del gobierno, para VenEconomía se trata de un esfuerzo sostenido para esconder la profunda crisis de gestión económica y social de unos gobernantes que han querido imponer un modelo de país que solo trae ruina, destrucción y represión.
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