Este jueves 8 de mayo, se esperaban tres acontecimientos importantes para Venezuela. Dos se ventilarían en el país y el tercero en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado de los Estados Unidos.
En Venezuela, el Tribunal 16 de Control realizaría una audiencia para decidir si el líder opositor, Leopoldo López, salía en libertad o sería sometido a juicio por los hechos del 12 de febrero de 2014.
De nuevo la justicia brilló por su ausencia, algo ya usual cuando se trata de casos donde el gobierno tiene un especial interés político (caso comisarios y policías metropolitanos o el de la Juez María Lourdes Afiuni). La audiencia de López fue diferida sin que la juez diera razón para ello y sin fijar una nueva fecha para su realización. Y así, Leopoldo volvió a su celda de Ramo Verde, a seguir esperando que se le haga justicia y recupere su libertad.
En otro acontecimiento, en el Hospital Militar, Iván Simonovis, enjuiciado, condenado y en prisión sin pruebas para lavarle la cara al gobierno de Hugo Chávez por los hechos sangrientos del 11 de abril de 2002, fue sometido a exámenes médicos por enésima vez, para ver si de una vez por todas la justicia revolucionaria acepta la precariedad de su estado de salud y le dé su libertad, ésa que nunca debió ser cercenada.
El tercer evento se desarrolló en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado de los Estados Unidos, donde se realizó una audiencia donde se ventilaron las denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el gobierno de Maduro, especialmente desde el 12 de febrero de este año cuando comenzaron las protestas de los estudiantes. Entre otros, comparecieron en la audiencia la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, el exembajador en Venezuela, Patrick Duddy y el economista venezolano Moíses Naím.
Sobre este tercer acontecimiento VenEconomía considera oportuno hacer unas puntualizaciones.
Primero, que lo que está planteado en el Senado de los Estados Unidos no es una sanción al Estado venezolano. Que este tipo de sanción es algo que ningún venezolano debería buscar o desear. Esto así, no solo porque cuando un Estado sufre sanciones de otro, quien sale perjudicada es la población y no el gobierno, sino también porque este tipo de sanciones está condenado al fracaso y al final lo usan las dictaduras como excusa para encubrir el fracaso de sus políticas y la destrucción de sus economías, sin que con ello se logre ponerle fin a los despotismos, como ejemplo, Cuba.
Lo que sí es plausible es lo que se discute en el Senado de los EE.UU.: Un proyecto de Ley llamado “Libertad Venezolana y Protección Democrática” o “H.R. 4587”, que busca establecer sanciones individuales a funcionarios del gobierno venezolano que violen los derechos humanos de los ciudadanos. Este proyecto fue propuesto en marzo de este año por los congresistas republicanos por Florida Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart junto con otros cinco legisladores del partido Demócrata. Este tipo de ley de sanciones puntuales tiene su precedente en la "Ley de Magnitsky" de diciembre de 2012, que permite sancionar, con prohibición de entrada en el país y uso del sistema bancario norteamericano, solo a los responsables del asesinato del abogado Sergei Magnitsky, quien falleció en una prisión de Moscú luego de investigar un fraude relacionado con funcionarios de la fiscalía Rusa.
Para VenEconomía, esta iniciativa es más que plausible dada la barbarie fuera de ley y lógica con la que se violan los derechos humanos en estos tiempos dictatoriales, donde se ha confiscado la justicia y criminalizado hasta la exacerbación la disidencia.
Es oportuno recordarles a los funcionarios que hoy se creen que están fuera del alcance del orden jurídico internacional, que la justicia puede tardar pero siempre llega. Hoy la Comisión de Relaciones Exteriores, aprobó el proyecto de ley, abriendo así la primera puerta que podría llevar a sancionar, por ejemplo, a la fiscal de la República, Luisa Ortega; la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; el ministro de Relaciones Interiores, M/G Miguel Rodríguez Torres, los jefes militares de la Guardia Nacional y los gobernadores Francisco Rangel, José Vielma Mora y Rangel Silva. Por lo menos estos funcionarios fueron, entre otros, los señalados en esta audiencia.
Amanecerá y veremos.
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