HRW encontró “evidencias convincentes de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad” y funcionarios judiciales de Venezuela, en 45 casos que abarcan más de 150 víctimas, señala el informe publicado en Washington.
Los “integrantes de las fuerzas de seguridad también permitieron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas”, según el documento de un centenar de páginas titulado “Castigados por protestar”.
Los casos incluyen violaciones del derecho a la vida, agresiones físicas, detenciones arbitrarias e incumplimiento al debido proceso, así como torturas y tratos crueles contra opositores que han salido a la calle desde febrero a manifestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Según el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, las denuncias “forman parte de un patrón alarmante de abusos, que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”, dijo en un comunicado de prensa.
El informe recoge los resultados de una investigación de HRW en marzo -durante el pico de las protestas- en Caracas y tres estados de Venezuela, con testimonios de víctimas y sus familiares, médicos, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos, entre otros, así como evidencias de los abusos.
La organización halló que algunos manifestantes han usado métodos violentos como arrojar piedras y bombas molotov contra la policía, como denunció el gobierno venezolano.
Sin embargo, en los 45 casos estudiados fueron uniformados quienes recurrieron “reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza”, así como “descalificaciones políticas” contra manifestantes pacíficos y desarmados, incluso después de que estuvieran detenidos, según la ONG con sede en Nueva York.
Por ello Human Rights Watch concluye “que el propósito (de la actuación policial) no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas”, señaló.
En un tercio de los casos, las víctimas fueron fotoperiodistas o personas con teléfonos celulares que estaban documentando la actuación de las fuerzas policiales.
Las manifestaciones callejeras, cuya intensidad ha disminuido desde que se iniciaron el 4 de febrero, han dejado 41 fallecidos y más de 700 lesionados, mientras que la Fiscalía reaiza 145 investigaciones por violación de los derechos humanos, la mayoría por trato cruel.
El Nuevo Herald
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