Desde hace años quienes vienen comandando el gobierno castrocomunista le tienen puesto el ojo (y las garras) encima a las Organizaciones No Gubernamentales que hacen vida en Venezuela, especialmente las que se encargan de la defensa de los derechos humanos.
Una de esas garras se concretó en diciembre de 2010, cuando la mayoría calificada de la Asamblea Nacional roja, rojita, aprobó la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que cercenó la posibilidad de financiamiento externo de estas organizaciones, buscando su asfixia económica dado que en Venezuela no existe posibilidad de financiamiento público y a los privados que podrían darles aportes se les acosa y amenaza.
A la par es conocido el hostigamiento, persecución y descalificación a la que se ha sometido a diversas ONG y a sus directivos, por parte de voceros del gobierno, entre ellas, al Observatorio Venezolano de Prisiones, Súmate, Control Ciudadano, Provea e incluso, a algunas de alcance internacional como Transparencia Internacional y Human Rights Watch (HRW), cada vez que publican los informes donde el gobierno de Venezuela sale reprobado en materia de corrupción o en el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, esa persecución, represión y descalificación ha pasado de castaño oscuro, y saltado la barrera de lo tolerable desde febrero de este año, luego de que surgieran las protestas estudiantiles.
Desde entonces se ha agregado a esos atropellos, las acusaciones a mansalva y la criminalización del ejercicio de las ONG, en especial el de los profesionales del Foro Penal Venezolano, quienes han asistido legalmente, sin cobro de honorarios, a los más de 2.590 manifestantes detenidos arbitrariamente (70% de ellos estudiantes) por los cuerpos represivos del Estado, entre ellos, Marcos Coello y Cristian Holdack, detenidos desde el 12 de febrero y acusados sin pruebas por daños, incendio, agavillamiento e instigación para delinquir.
El Foro Penal Venezolano ha documentado, además, unos 80 casos de “torturas y malos tratos” a los detenidos y ha venidodenunciando a nivel nacional e internacional el sin fin de violaciones a los derechos humanos en esta violencia represiva de la jauría revolucionaria, que ahora manda a estudiantes, sin antecedentes penales y sin haber cometido crimen o delito alguno, a cárceles de alta peligrosidad.
Entre la criminalización inaceptable en contra de esta ONG, se cuenta el que ahora, a los abogados defensores, no solo se les agrede, se obstaculiza su trabajo de defensa, sino que además se les priva de la libertad, tal como sucedió con el abogado del Foro Penal, Marcelo Crovato, detenido en los momentos cuando asistía a un cliente en uno de los tantos allanamientos irregulares a un hogar venezolano, allanamientos que se están haciendo consuetudinarios en estos tiempos.
Otro arrebato inadmisible, fue la absurda denuncia de supuestos planes para desestabilizar a los gobiernos de Chávez y Maduro que hiciera el fin de semana pasado, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en los que involucró a Raimundo y todo el mundo, desde el gobierno de los EE.UU., el ex presidente Álvaro Uribe, hasta representantes de ONG defensoras de los derechos Humanos, entre ellos a Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, Gonzalo Himiob y Tamara Sujú del Foro Penal.
Al respecto, y rechazando las cuestionables y muy intencionadas acusaciones, Alfredo Romero del Foro Penal, acertadamente dio el mingo al declarar a la prensa que instan “a los funcionarios a que no sigan el abismo de atacar los derechos humanos porque eso demuestra que quieren opacar los crímenes del Estado, como torturas con descargas eléctricas, fracturas de cráneo con bloques, abusos sexuales”. Y como explicó San Miguel, “Al poder le molestan las denuncias… al gobierno le molesta la transparencia de las ONG; que denunciemos la partidizacion de la justicia y los ascensos militares irregulares”.
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