La educación ha estado en el centro de los objetivos del gobierno de Hugo Chávez, y ahora lo sigue estando en el de Nicolás Maduro.
Este foco de los gobiernos revolucionarios en la educación sería encomiable y hasta digno de alabanzas si entre las metas fijadas se contaran: 1) Impartir mejor calidad en la enseñanza, la cual, como mencionara el cardenal Jorge Urosa Savino, “capacite a la persona para tener una actitud crítica para decidir por su propia libertad”, que les proporcione “a los muchachos de Venezuela, instrumentos para triunfar en la vida como personas humanas, solidarias, que tengan un servicio de patria no excluyente sino incluyente de todos y que puedan realmente desarrollar todas sus capacidades”.
2) Elevar la calidad de la enseñanza pública impartida por el Estado y los gobiernos regionales, para nivelar hacia arriba la educación de todo venezolano sin distingo de clase social, raza o religión. 3) Garantizar la excelencia en la preparación de los docentes que tendrán en sus manos la formación de las futuras generaciones de venezolanos, y proveerlos de ingresos cónsonos con esa vital responsabilidad. 4) Dotar a toda a la planta educativa del Estado y gobiernos regionales de una infraestructura, equipos e insumos, para equipararlos con los mejores colegios privados.
Pero no han sido estas las prioridades de los revolucionarios del siglo XXI al plantear las políticas educativas. Las prioridades han sido, por una parte, entubar la educación, con miras a la ideologización y al adoctrinamiento, para formar al hombre nuevo en un pensamiento único. Y por otra, centralizar la enseñanza con una meta final: abolir la enseñanza privada independiente, plural y autónoma a proyectos políticos, que ha fungido de piedra angular del desarrollo de generaciones de venezolanos, para sumirla en manos del gobierno, hoy autoerigido en Estado.
Es así, que con el foco puesto en ese objetivo centralizador el gobierno viene cercando a los colegios privados mediante prohibición de incrementos de las matrículas escolares, que ha desfasado los ingresos de estos centros docentes con los costos administrativos, operacionales, curriculares y extracurriculares y de infraestructura. Un desfase que viene ahorcando económicamente a muchos colegios privados y amenaza con sacarlos de circulación.
Ahora, el gobierno ha tomado un paso que pareciera en principio ser constructivo al dictar una resolución que establece que los montos de las matriculas y mensualidades de cada institución educativa registrada en el subsistema de Educación Básica, serán fijadas por las asambleas escolares, las cuales están conformadas por las madres, padres y representantes.
La resolución que circuló este lunes en Gaceta Oficial, establece:
1) Que el costo de la matrícula o inscripción no podrá exceder el monto de una mensualidad.
2) Que el mismo se fijará “luego de que la directiva de los planteles privados presenten la estructura de costos y gastos, como parte integrante del presupuesto escolar del año siguiente, bajo dos parámetros: costos y gastos asociados al currículo escolar vigente (operativos y de personal) y proyectos de inversión para el nuevo año escolar (infraestructura, dotación de recursos, personal adicional requerido y actividades complementarias).
3) Que ese monto establecido no podrá ser modificado.
4) Que prohíbe “el establecimiento de cuotas, aportes, bonos, contribuciones, o cualquier otra denominación, en dinero o especie, así como el empleo de figuras o modos, tales como fundaciones, asociaciones civiles, sociedades mercantiles o cualquier otro mecanismo que pueda significar un aumento del pago”. Estas figuras venían siendo utilizadas como una forma de seguir subsistiendo y garantizando servicios de calidad por las instituciones privadas.
5) Que, de no conformarse una Asamblea Escolar en alguna institución, será el Ministerio que fijará los montos de mensualidades y matrículas.
Pero, mirando más a fondo el cambio quizás no resulte tan constructivo. Lo propio sería devolverles a los propietarios de los colegios el derecho de fijar sus tarifas, y dejarle a los padres y representantes el derecho de decidir si mandan sus hijos a las escuelas privadas, o no.
Pareciera que la resolución maliciosamente busca fijar las matrículas a niveles insuficientes para cubrir los costos, dándoles mayor peso decisorio a los padres y representantes cuyos ingresos los ha carcomido la espiral inflacionaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario