Por: Carlos Crespo/Tal Cual
Locura o determinación. Estas son las dos hipótesis que se han planteado acerca del caso del productor agropecuario Franklin Brito quien ha hecho un total de seis huelgas de hambre con la finalidad de que el Estado atienda sus demandas.
En su última protesta, Brito logró la promesa por parte de diputados de la Asamblea Nacional de que sus demandas serían atendidas.
Las dos principales solicitudes de éste son que se revoquen una serie de cartas agrarias otorgadas a dos invasores de un terreno de su propiedad y que se "legalicen" una serie de indemnizaciones otorgadas por organismos del Estado.
Sin embargo, a mediados de diciembre el productor agropecuario fue internado en el Hospital Militar por orden del tribunal 23 de control, a solicitud del Ministerio Público.
La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una serie de medidas de protección al huelguista entre las que destacaba que este fuera visitado por integrantes de la Cruz Roja, que pudiera recibir visitas de sus familiares y elegir el centro médico de su preferencia.
Por su parte el viernes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, justificó la decisión. Señaló que "exámenes médicos psiquiátricos y psicológicos" (no especificó su origen) determinaron que Brito sufre de "trastorno de ideas delirantes" y que por tanto estaba "inhabilitado" para tomar decisiones.
En este sentido dijo no comprender el dictamen de la CIDH pues con sus protestas el huelguista estaría atentando contra su propia vida. "Él está inhabilitado, la persona inhabilitada tiene una disminución de sus capacidades", dijo.
En respuesta la Coalición venezolana de defensa y promoción de Derechos Humanos, Foro por la Vida y Sinergia convocaron una rueda de prensa en la que deploraron las declaraciones de la Fiscal al indicar que éstas "descalificaban" al sistema de protección de derechos humanos.
"Con las declaraciones de la Fiscal General se ratifica un debilitamiento de las garantías establecidas en nuestra propia Constitución, en relación al sistema de derechos humanos. Además de reducir la protección de todas las personas, en especial de Franklin Brito", señaló el director de Espacio Público, Carlos Correa.
Ángela Brito, hija del productor agropecuario, también rechazó las declaraciones de la funcionaria que a su juicio buscan desviar la atención sobre las denuncias hechas por su padre.
"Esta es una cortina de humo para desviar la atención sobre las denuncias de corrupción, además que el presidente Chávez no se ha desligado sobre este caso".
La hija de Brito denunció, igualmente, que su padre se encuentra "aislado y secuestrado" dentro de las instalaciones del Hospital Militar y que le han negado el acceso al informe psiquiátrico que elaboró la institución.
"Él se encuentra en pañales y apenas cuenta con una sábana y me ha dicho que no puede dormir porque la habitación está apenas a 8 grados, por lo que temo que le estén suministrando algo".
El propio Brito ha desmentido las declaraciones de la Fiscal y ha solicitado su traslado a otro centro de salud. Por su parte, Ángela Brito, señala que está considerando sumarse a la huelga de hambre de su padre como medida de presión para que se acaten las medidas de la CIDH. "Yo creo que me han negado el acceso al hospital para que no me sume a la protesta".
Asimismo, la joven de 20 años de edad señala que está preparando una comunicación dirigida a la instancia hemisférica donde se denuncia que, al igual que en otros casos, el Ejecutivo ha incumplido con las medidas dictadas por la CIDH.
En su última protesta, Brito logró la promesa por parte de diputados de la Asamblea Nacional de que sus demandas serían atendidas.
Las dos principales solicitudes de éste son que se revoquen una serie de cartas agrarias otorgadas a dos invasores de un terreno de su propiedad y que se "legalicen" una serie de indemnizaciones otorgadas por organismos del Estado.
Sin embargo, a mediados de diciembre el productor agropecuario fue internado en el Hospital Militar por orden del tribunal 23 de control, a solicitud del Ministerio Público.
La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una serie de medidas de protección al huelguista entre las que destacaba que este fuera visitado por integrantes de la Cruz Roja, que pudiera recibir visitas de sus familiares y elegir el centro médico de su preferencia.
Por su parte el viernes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, justificó la decisión. Señaló que "exámenes médicos psiquiátricos y psicológicos" (no especificó su origen) determinaron que Brito sufre de "trastorno de ideas delirantes" y que por tanto estaba "inhabilitado" para tomar decisiones.
En este sentido dijo no comprender el dictamen de la CIDH pues con sus protestas el huelguista estaría atentando contra su propia vida. "Él está inhabilitado, la persona inhabilitada tiene una disminución de sus capacidades", dijo.
En respuesta la Coalición venezolana de defensa y promoción de Derechos Humanos, Foro por la Vida y Sinergia convocaron una rueda de prensa en la que deploraron las declaraciones de la Fiscal al indicar que éstas "descalificaban" al sistema de protección de derechos humanos.
"Con las declaraciones de la Fiscal General se ratifica un debilitamiento de las garantías establecidas en nuestra propia Constitución, en relación al sistema de derechos humanos. Además de reducir la protección de todas las personas, en especial de Franklin Brito", señaló el director de Espacio Público, Carlos Correa.
Ángela Brito, hija del productor agropecuario, también rechazó las declaraciones de la funcionaria que a su juicio buscan desviar la atención sobre las denuncias hechas por su padre.
"Esta es una cortina de humo para desviar la atención sobre las denuncias de corrupción, además que el presidente Chávez no se ha desligado sobre este caso".
La hija de Brito denunció, igualmente, que su padre se encuentra "aislado y secuestrado" dentro de las instalaciones del Hospital Militar y que le han negado el acceso al informe psiquiátrico que elaboró la institución.
"Él se encuentra en pañales y apenas cuenta con una sábana y me ha dicho que no puede dormir porque la habitación está apenas a 8 grados, por lo que temo que le estén suministrando algo".
El propio Brito ha desmentido las declaraciones de la Fiscal y ha solicitado su traslado a otro centro de salud. Por su parte, Ángela Brito, señala que está considerando sumarse a la huelga de hambre de su padre como medida de presión para que se acaten las medidas de la CIDH. "Yo creo que me han negado el acceso al hospital para que no me sume a la protesta".
Asimismo, la joven de 20 años de edad señala que está preparando una comunicación dirigida a la instancia hemisférica donde se denuncia que, al igual que en otros casos, el Ejecutivo ha incumplido con las medidas dictadas por la CIDH.
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