La Ley para Desarme y Control de Municiones podría fomentar y fortalecer el mercado negro al no definir la destrucción pública de armamento
Por: Maolis Castro/Tal CualDigital
La Ley para Desarme y Control de Municiones podría fomentar y fortalecer el mercado negro al no definir la destrucción pública de armamento
Cualquiera es famoso en YouTube. Un grupo de cuatro jóvenes, apodado “El hampa de Los Alpes de El Cementerio”, puede ofrecer fe de ello. Su popularidad se mide en un vídeo aficionado que acumula 94 mil visitas y cuyo mayor atractivo es corear la presentación de sus pistolas: “Ésta es la que no miente, las que asesinan, las que más matan”.
Aunque no son raperos, tampoco son los únicos que se jactan de exhibir o emplear, en el peor de los casos, un arma de fuego ilegal en Venezuela. Más de la mitad de los 13.985 homicidios registrados en 2009 obedeció a impactos de bala.
Sin embargo, sólo 4.518 personas fueron detenidas por porte ilícito de armas de fuego, 16 por su uso indebido y ninguna por traficarlas, según fuentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En resumen: la impunidad superó al castigo.
A juicio de Rocío San Miguel, abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, tampoco hay intenciones de invertir el panorama. “La nueva Ley para el Desarme y Control de Municiones, debatida en la Asamblea Nacional, es un retroceso porque fomenta, entre otras irregularidades, el reciclaje de armamento”, acotó.
Ninguno de los 69 artículos de la legislación, aprobada en primera discusión en el Parlamento, contempla la destrucción inmediata – o por lo menos no antes de 25 años de decomisadas – y pública de armamento ilícito.
Lo que pudiera parecer un descuido es un futuro problema para especialistas. “Internacionalmente, el armamento recuperado debe inhabilitarse rápidamente. Al almacenar tantas y carecer de una estructura que garantice controles, el proceso se hace menos transparente. Eso ampliaría las oportunidades al mercado negro”, explicó el director de Amnistía Internacional en Venezuela, Marcos Gómez.
EL PEQUEÑO PARQUE DEL DARFA
Si el asunto se trata de confiscar la totalidad de armamento ilícito, San Miguel tiene una pregunta: “¿dónde las meterán?”.
Si el asunto se trata de confiscar la totalidad de armamento ilícito, San Miguel tiene una pregunta: “¿dónde las meterán?”.
Según declaraciones del diputado oficialista Juan José Mendoza a la Agencia de Noticias Bolivariana, entre nueve y 15 millones circulan sin registro en el país.
La directora de Control Ciudadano indica que las dimensiones del organismo encargado del almacenamiento –Dirección de Armamento de las Fuerza Armada Nacional, Darfa, ubicada en Caracas– son lugares reducidos que requieren de controles eficaces.
“Sabemos que la FAN, hasta ahora, no ha podido actualizar las bases de datos de información. Incluso, ése ha sido uno de los incentivos para el incremento de armamento ilícito”, dijo.
La transición del monitoreo de armas del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia al Darfa, en 2006, ilustraría mejor la exposición.
Según el director de AI Venezuela, los trámites para pedir permiso de legalidad se dificultaron y ascendió el número de armamento en la clandestinidad durante el traspaso. Únicamente, renovaron licencia 100 mil personas de un millón y medio con autorización para portar armamento antes del cambio de administración.
“Ahora, en la propuesta de Ley, no está claro qué es un arma militar y cuál sería para uso civil. Esto sería otro elemento que lamentablemente pudiera auspiciar el incremento de la ilegalidad”, destacó Gómez.
AMENAZAS DE LA LEY
A Rocío San Miguel le ocasiona suspicacia la incorporación de los concejos comunales en la Ley para el Desarme y Control de Municiones, así como la potestad concedida al Ejecutivo Nacional para desarrollar programas en la materia.
A Rocío San Miguel le ocasiona suspicacia la incorporación de los concejos comunales en la Ley para el Desarme y Control de Municiones, así como la potestad concedida al Ejecutivo Nacional para desarrollar programas en la materia.
“Está claro que está diseñada para armar al sector afín al presidente Chávez y desarticular a elementos disidentes, incluyendo policías y otros organismos de seguridad (en referencia al artículo 23 del texto legal) que resulte incomodo a la ideología del jefe de Estado”.
La abogada se fundamenta en la Ley Orgánica de Consejos Comunales, que establece la obligación de los organismos de trabajar junto a la Milicia Bolivariana en defensa de la “soberanía” del país.
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