Caracas, 18 Mar. ABN.- Los portales web que se generen para la libre opinión deben estar plenamente apegados a la Constitución y la ley, a fin garantizar que no atenten contra la paz y el estado de derecho, señaló este jueves la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.
La declaración la ofreció en su programa de radio La Voz de la Defensoría.
"El derecho a la libertad de expresión a través de internet debe ejercerse de manera seria, responsable y salvaguardando los derechos humanos y no debe utilizarse para difamar, instigar al odio, discriminar, elevar amenazas contra los ciudadanos y ciudadanas o contra las instituciones legítimamente constituidas", refirió en nota de prensa.
De igual modo, recordó que la Constitución consagra plenamente el derecho a la libertad de expresión, pero quienes ejerzan este derecho deben tener plena responsabilidad por lo expresado y no esconderse detrás de seudónimos para promover la violencia, propaganda de guerra, mensajes discriminatorios e intolerancia política y religiosa y, por el contrario, deben siempre garantizar el respeto de los derechos de todos.
Asimismo, la defensora resaltó el efecto negativo que causa en los niños, niñas y adolescentes la exposición pública a las que han sido sometidos a través de portales digitales, siendo objeto de vulneración de su derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar, lo cual afecta su desarrollo integral.
Exhortó a los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a supervisar constantemente los centros de navegación, a fin de determinar si se está cumpliendo con la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Salas de Uso de Internet, Videos Juegos y Otros Multimedias, así como verificar la implementación de los filtros que regulan las páginas de internet con contenido pornográfico.
Defensoría espera decisión del TSJ
Por otra parte, la defensora del Pueblo reiteró el llamado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que ordene a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), abstenerse a instalar portones en las entradas de esta casa de estudios.
Al respecto, Ramírez manifestó que colocar dichos portones en el recinto universitario, sería “la máxima concreción física de las políticas excluyentes de las autoridades de la Universidad Central”.
Indicó que resulta sospechoso que la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, culpe directamente al Estado venezolano de los actos vandálicos suscitados en la sede del rectorado, sin prueba alguna, e hizo un llamado a las autoridades de la universidad a no utilizar estos ataques como “bandera política y como excusa para la colocación de los portones”.
La declaración la ofreció en su programa de radio La Voz de la Defensoría.
"El derecho a la libertad de expresión a través de internet debe ejercerse de manera seria, responsable y salvaguardando los derechos humanos y no debe utilizarse para difamar, instigar al odio, discriminar, elevar amenazas contra los ciudadanos y ciudadanas o contra las instituciones legítimamente constituidas", refirió en nota de prensa.
De igual modo, recordó que la Constitución consagra plenamente el derecho a la libertad de expresión, pero quienes ejerzan este derecho deben tener plena responsabilidad por lo expresado y no esconderse detrás de seudónimos para promover la violencia, propaganda de guerra, mensajes discriminatorios e intolerancia política y religiosa y, por el contrario, deben siempre garantizar el respeto de los derechos de todos.
Asimismo, la defensora resaltó el efecto negativo que causa en los niños, niñas y adolescentes la exposición pública a las que han sido sometidos a través de portales digitales, siendo objeto de vulneración de su derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar, lo cual afecta su desarrollo integral.
Exhortó a los Consejos Municipales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a supervisar constantemente los centros de navegación, a fin de determinar si se está cumpliendo con la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Salas de Uso de Internet, Videos Juegos y Otros Multimedias, así como verificar la implementación de los filtros que regulan las páginas de internet con contenido pornográfico.
Defensoría espera decisión del TSJ
Por otra parte, la defensora del Pueblo reiteró el llamado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que ordene a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), abstenerse a instalar portones en las entradas de esta casa de estudios.
Al respecto, Ramírez manifestó que colocar dichos portones en el recinto universitario, sería “la máxima concreción física de las políticas excluyentes de las autoridades de la Universidad Central”.
Indicó que resulta sospechoso que la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, culpe directamente al Estado venezolano de los actos vandálicos suscitados en la sede del rectorado, sin prueba alguna, e hizo un llamado a las autoridades de la universidad a no utilizar estos ataques como “bandera política y como excusa para la colocación de los portones”.
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