La denuncia que presenta Álvaro Uribe contra Venezuela y su acusación a Esteban, el innombrable, como presunto responsable de crímenes internacionales, no es, como lo cree Ernesto Samper, algo que “no tendrá mayores consecuencias judiciales”. Todo lo contrario.
Las denuncias que ya cursan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional tienen juego propio. De modo que, el asunto es trivial si acaso Samper conoce eventualmente del contenido de las demandas y en realidad son fuegos artificiales. Pero son denuncias que vienen de un hombre meticuloso y puntilloso como Uribe, no cogido a lazo y quien muestra parte de su arsenal en la OEA, recientemente.
Se trata, por otra parte, de iniciativas de un Presidente que como el mar gobierna hasta en las orillas, pero que, según lo indica la prensa, las realiza a título personal e involucran asuntos de orden público. No puede el presidente en estreno, Juan Manuel Santos, volver sobre los pasos de Uribe.
El denominador común no es otro que el conocido y aceptado – el pez muere por la boca – por el propio Esteban, como lo son sus vínculos de solidaridad con la narcoguerrilla colombiana. Es un asunto que viene de atrás. Todo comienza con el pacto entre aquél y las FARC que tramita el Capitán Ramón Rodríguez Chacín, jefe de inteligencia de la antigua DISIP a inicios del Gobierno revolucionario. La historia posterior es conocida y pruebas sobran del aliviadero que le significa a la guerrilla y narcotráfico vecinos el territorio de Venezuela para la ejecución de sus crímenes de lesa humanidad.
No por azar, entre 1999 y 2009, los crímenes en el país pasan de 4.500 a 18.000. Se instala entre nosotros, por una decisión de Estado, el andamiaje que hace de Colombia patria de muertos durante medio siglo, desde cuando es asesinado Jorge Eliécer Gaitán y a la sazón hace presencia en Bogotá el imberbe Fidel Castro, quien hoy gobierna a quien nos gobierna.
Tendrá Esteban, pues, que nombrar abogados y pagarlos con su propio peculio, pues se le señala a título individual. Del asunto de la Comisión si puede ocuparse su Canciller y el inefable ex Canciller quien le representa ante la OEA.
Por lo pronto, la Comisión Interamericana evalúa la denuncia que a buen seguro indica que Venezuela, como Estado, es responsable por acción u omisión de violaciones de derechos humanos en territorio colombiano y venezolano, por cohonestar y hacerle espacio en su territorio y para oxigenarse, a uno de los más violentos movimientos terroristas coludidos con el crimen del narcotráfico que se conozca.
Una vez determine la Comisión que la denuncia cumple con los extremos elementales – nombre y apellidos del denunciante, hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, agotamiento de recursos internos que en el caso de Venezuela se dan por descontados, por ausencia de Poder Judicial independiente – la ha de trasmitir al Gobierno de Esteban para que responda y explique lo pertinente. Luego se verá.
En la Corte Penal existen antecedentes contra Esteban. Su Fiscalía conoce de otros asuntos que pesan sobre sus espaldas, como la masacre de Miraflores. España, sin señalarlo le señala a propósito de la cuestión de los vínculos de la ETA con las FARC y el Gobierno Bolivariano. Y en camino viene lo de Irán y el blanqueo de sus dineros.
La Fiscalía ante la Corte, a su turno, revisa la documentación que se le presenta, pide informaciones complementarias si las necesita tanto a gobiernos como a las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, al igual que puede exigir declaraciones testimoniales en su sede; luego de lo cual, si considera que lo acopiado tiene fundamentos, pide a la Sala de Cuestiones Preliminares declare su admisibilidad. Queda, entonces, tela por cortar. No se trata de procesos self service, pero son fatales y en su tiempo cuando involucran cosas veraces.
Lo real, en todo caso, es que la condición de Jefe de Estado no exime de responsabilidades penales internacionales, los crímenes internacionales son imprescriptibles, y pueden acarrear condenas hasta de 30 años de prisión o a perpetuidad. Además, la Sala de Cuestiones Preliminares, si considera que la investigación es seria, puede ordenar la detención provisional de Esteban “si hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen competencia de la Corte” y la considera necesaria para que este “comparezca en juicio”.
No es juego, como lo piensa Samper.
Entre líneas
Pide guerra quien nunca ha ido a la guerra ni sabe de bajas y de viudas, le dice Juan Manuel Santos, nuevo presidente de Colombia, a su homologo, Esteban. Aquél y no éste sabe del asunto y lo vive en carne propia. Por ello, como diplomático de experiencia, previene a quien es soldado de micrófonos.
El asunto de los presos políticos debe sostenerse como bandera y agenda de lucha para la democratización de Venezuela. Hasta tanto no ceda el arbitrario uso que se hace de la ley – mediante actos ordenados por el Régimen y cohonestados por los Tribunales – para la criminalización de la disidencia, para el envío a la cárcel mediante la manipulación de realidades y la forja de expedientes de quienes no se someten a la voluntad y caprichos de Esteban, el espacio de la libertad sigue enajenado.
No caben las diferencias en cuanto a las víctimas de Esteban. Todas a una carecen de lo que se debe y otorga incluso a los peores criminales dentro de sociedades democráticas: el derecho a la justicia, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva. En la democracia no se discrimina.
Junto a los 32 presos políticos que señalan los informes de ONG’s, es de agregar a la lista de víctimas de Esteban a los exilados. Sólo en Estados Unidos, por iniciativa de una pequeña Iglesia, más de 5.000 venezolanos han recibido asilo político, es decir, padecen del ostracismo. No pueden regresar a su patria.
El caso más reciente es del Alejandro Peña Esclusa. Clama al cielo el atropello de su detención, fundada en otro “testigo estrella” como aquél que sirve para detener – bajo complicidad activa del ex Fiscal General y actual embajador en España, Isaías Rodríguez – al antiguo presidente del Banco Federal, Nelson Mezerhane. Esta vez es un testigo especial, un supuesto y veterano terrorista de suyo fabricado por el G2 cubano, quien como el más desprevenido delincuente que apenas se inicia en su carrera criminal llega sereno y sin temores a manos de sus captores, canta cuanto le piden cantar, y luego en aviones distintos viaja hacia su refugio cubano de conveniencia, lejos de cualquier impertinencia periodística. Se trata de Francisco Chávez Abarca.
Peña Esclusa es un luchador impenitente contra la amenaza comunista. Tiene pensamiento propio y no cuadra en la estrategia paciente de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero es un demócrata. Su objetivo es evitar el peligro que significa para la Patria la amenaza de la Cuba marxista. No tiene posturas ambiguas. Es tenaz hasta inmolarse, y ello merece el justo reconocimiento de todos los demócratas.
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