La cantante española Isabel Pantoja acudió este jueves a un juzgado de Marbella (sur), donde se le notificó el inicio del juicio por blanqueo de dinero en el que deberá comparecer y en el que podría ser condenada a tres años y medio de cárcel, indicaron fuentes judiciales.
Pantoja, que será juzgada en un proceso que emana del llamado "caso Malaya", un macrojuicio por corrupción urbanística recién iniciado, recogió en el juzgado de instrucción número 5 de Marbella la notificación de la apertura del juicio oral por blanqueo de capitales.
La cantante, que iba escoltada por policías, no hizo declaraciones a la entrada, donde le esperaba una multitud de periodistas y curiosos que le impedía el paso, según imágenes transmitidas por varias televisiones, y que le provocaron una rotura en su vestimenta, indicaron algunos medios.
En el auto recogido por Pantoja este jueves se le llama a pagar en un plazo de 24 horas una fianza de 3,6 millones de euros como adelanto a una posible multa. De no abonarlo, sus bienes podrían ser embargados.
El fiscal pide tres años y medio de cárcel y una multa de 3,6 millones de euros para Pantoja por blanquear dinero de su ex pareja, Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella.
Muñoz, que será procesado en el mismo juicio que la cantante, acudió el miércoles al juzgado a recoger la notificación de apertura del juicio, en el que podría ser condenado a siete años y medio de cárcel y una multa de casi 7,5 millones de euros por haberse enriquecido con más de tres millones y medio de euros cuando dirigía el ayuntamiento de Marbella.
A continuación, la audiencia provincial de Málaga debe fijar una fecha para la vista oral de los acusados.
Este proceso es paralelo al iniciado a finales de septiembre en Málaga (sur) por el denominado "caso Malaya", un gran escándalo de corrupción urbanística que implica a ex alcaldes y concejales del ayuntamiento de la localidad de Marbella en 2006, en el que deben declarar 95 acusados.
Entre ellos figuran, además de Pantoja y Muñoz, otra ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y el ex concejal de urbanismo Juan Antonio Roca, considerado el núcleo del caso y quien más se enriqueció.
Podrían ser condenados hasta a 30 años de prisión por corrupción, blanqueo de dinero y malversación de fondos públicos.
El juicio, considerado como el mayor de corrupción inmobiliaria en el país, durará cerca de un año.
Ante la magnitud del escándalo, el gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero decidió disolver en abril de 2006 el ayuntamiento de Marbella, localidad turística conocida por alojar a personajes famosos y ricos, y en su lugar nombró a un equipo gestor durante unos meses.
Los investigadores bloquearon, durante la instrucción, un millón de cuentas bancarias e intervinieron bienes por un total de 2.400 millones de euros.
Los años del desmesurado desarrollo immobiliario hicieron posible rápidas y sospechosas fortunas de cargos municipales o regionales con acceso a los planes de urbanismo.
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