El 15 de noviembre se celebró a puertas cerradas la primera reunión del Consejo Federal de Gobierno (CFG), el nuevo instrumento para cercar a los gobiernos regionales a fin de doblegarlos al poder de Miraflores.
Esta entidad, comandada desde la Vicepresidencia de la República, fue creada el 22 de febrero de 2010 mediante una Ley Orgánica que le otorga la potestad de "planificar un armonioso desarrollo regional" a discreción y dentro del contexto del Proyecto de Desarrollo Socialista de la Nación.
Además, la Ley también le dio al CFG la potestad de establecer el régimen para la transferencia de las competencias entre "los entes territoriales y a las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado, como forma de restituir el poder al pueblo venezolano". Entre otras funciones más, este Consejo dictaminará qué debe producir cada área del territorio nacional, lo cual además de representar una intervención abusiva del Estado en la autonomía de los gobiernos regionales también es una injerencia hegemónica en las actividades propias del sector privado.
El Gobierno impuso de entrada en esta primera sesión la pauta que seguirá en el manejo de las regiones de ahora en adelante.
Para comenzar aplicó la aplanadora valiéndose del control que tiene el chavismo en 17 estados, frente a los seis donde domina la oposición democrática. Así copó todos los cargos con representantes del partido de Gobierno, el PSUV, desde la secretaría del Consejo, que ocupará Rafael Isea (en sustitución del fallecido William Lara) hasta cada una de las comisiones de trabajo.
También entraron en vigencia los cambios que trae este CFG, entre otros:
Que en adelante será el CFG quien distribuirá los recursos a las regiones, los cuales provendrán del 15% de lo recaudado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 25% de la regalía petrolera. Anteriormente las regiones recibían estos recursos de manera directa y transparente de su cuota parte del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y a través de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE).
Que ahora el 35% de esos aportes va a parar a los consejos comunales, o como dice el vicepresidente Elías Jaua, a "los gobiernos del pueblo". Y el 65% de los recursos restantes se distribuirá a las gobernaciones y alcaldías de acuerdo a un "Índice Relativo de Desarrollo", en vez de basarse en la proporcionalidad del territorio y densidad poblacional como se hacía hasta ahora.
Que los presupuestos de los gobiernos regionales y municipales tendrán que ser aprobados por el CFG. Más pernicioso aún, si ello es posible, sus proyectos serán verificados por inspectores de las oficinas técnicas, quienes serán garantes de que ellos "respeten los criterios del Plan Socialista de la Nación". Cualquier violación a ese mandato será penada con la restricción de los recursos.
En definitiva el Consejo Federal de Gobierno, manejado desde Miraflores, dará y quitará recursos a las regiones a su libre antojo.
Esta entidad, comandada desde la Vicepresidencia de la República, fue creada el 22 de febrero de 2010 mediante una Ley Orgánica que le otorga la potestad de "planificar un armonioso desarrollo regional" a discreción y dentro del contexto del Proyecto de Desarrollo Socialista de la Nación.
Además, la Ley también le dio al CFG la potestad de establecer el régimen para la transferencia de las competencias entre "los entes territoriales y a las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado, como forma de restituir el poder al pueblo venezolano". Entre otras funciones más, este Consejo dictaminará qué debe producir cada área del territorio nacional, lo cual además de representar una intervención abusiva del Estado en la autonomía de los gobiernos regionales también es una injerencia hegemónica en las actividades propias del sector privado.
El Gobierno impuso de entrada en esta primera sesión la pauta que seguirá en el manejo de las regiones de ahora en adelante.
Para comenzar aplicó la aplanadora valiéndose del control que tiene el chavismo en 17 estados, frente a los seis donde domina la oposición democrática. Así copó todos los cargos con representantes del partido de Gobierno, el PSUV, desde la secretaría del Consejo, que ocupará Rafael Isea (en sustitución del fallecido William Lara) hasta cada una de las comisiones de trabajo.
También entraron en vigencia los cambios que trae este CFG, entre otros:
Que en adelante será el CFG quien distribuirá los recursos a las regiones, los cuales provendrán del 15% de lo recaudado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 25% de la regalía petrolera. Anteriormente las regiones recibían estos recursos de manera directa y transparente de su cuota parte del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y a través de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE).
Que ahora el 35% de esos aportes va a parar a los consejos comunales, o como dice el vicepresidente Elías Jaua, a "los gobiernos del pueblo". Y el 65% de los recursos restantes se distribuirá a las gobernaciones y alcaldías de acuerdo a un "Índice Relativo de Desarrollo", en vez de basarse en la proporcionalidad del territorio y densidad poblacional como se hacía hasta ahora.
Que los presupuestos de los gobiernos regionales y municipales tendrán que ser aprobados por el CFG. Más pernicioso aún, si ello es posible, sus proyectos serán verificados por inspectores de las oficinas técnicas, quienes serán garantes de que ellos "respeten los criterios del Plan Socialista de la Nación". Cualquier violación a ese mandato será penada con la restricción de los recursos.
En definitiva el Consejo Federal de Gobierno, manejado desde Miraflores, dará y quitará recursos a las regiones a su libre antojo.
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