Foto: AFP
Ni el PCV apoyó la iniciativa legal propuesta por sus aliados rojos
PEDRO PABLO PEÑALOZA | EL UNIVERSAL
El proyecto de ley que pretende castigar con inhabilitación política a los diputados que salten la talanquera, generó diferencias en el seno de la alianza Partido Socialista Unido de Venezuela-Partido Comunista.
En la sesión extraordinaria de ayer en la Asamblea Nacional, el PSUV se quedó solo al momento de aprobar en primera discusión la reforma de la Ley de Partidos Políticos. La disidencia rechazó la propuesta y el PCV se abstuvo de votarla, no sin antes ofrecer una serie de razones en su contra.
"Las alianzas no significan amarres de por vida", sostuvo el diputado Oscar Figuera (PCV-Aragua). El secretario general de los comunistas recordó que "la lucha política produce cambios en la correlación de fuerzas" en una sociedad y destacó que no hay herramienta legal que impida eso.
La norma promovida por el PSUV apunta que si un legislador se separa de su fracción original, puede ser objeto de un procedimiento que cubrirá los siguientes pasos: la mayoría de la plenaria de la AN evaluará su "conducta fraudulenta" y remitirá un expediente solicitando su inhabilitación a la Contraloría General de la República, órgano que tendrá la última palabra en este caso.
Figuera señaló que un parlamentario solo puede ser censurado por sus electores, a través de un referendo revocatorio. "No te puede sancionar una instancia administrativa", acotó.
Pese a lo expuesto por sus camaradas, el PSUV mantuvo inalterable su posición. "Ante un engaño, tenemos que fomentar la lealtad al pueblo", respondió la presidenta de la Cámara, Cilia Flores, quien basó su intervención en un argumento: si un diputado llega a la AN defendiendo un programa y luego varía su opinión, está incurriendo en una "estafa" al pueblo. "Eso pudiera constituir un delito", apostilló.
¿Miedo?
"Las cosas en el Gobierno deben estar peor de lo que pensamos", advirtió Simón Calzadilla (PPT-Lara). El representante de los azules enfatizó que "esta es una ley que está hecha para los futuros diputados del PSUV, tienen miedo de que ellos brinquen la talanquera". Coincidiendo con esa percepción, Tomás Sánchez (Frente Popular-Yaracuy) rebautizó el texto: "¡esta es la ley culillo!".
Pastora Medina (Frente Popular-Bolívar) se acordó de otro nombre. "¿Será que le están haciendo una nueva ley a Diosdado Cabello, que está tan callado?", se preguntó la asambleísta, que calificó como una "vergüenza" esta iniciativa.
"Están planteando limitar las actuaciones de los nuevos parlamentarios", espetó Medina, para después vaticinar: "unos cuantos se les van a escapar por la manera cómo vienen manejando el partido".
Juan José Molina (Podemos-Bolívar) consideró que esta reforma deja en evidencia "el terrible temor" que estremece al presidente Hugo Chávez de quedar en minoría. Por su parte, Ismael García (Podemos-Aragua) exigió respeto a la disidencia, tras subrayar que su organización se ha mantenido apegada al proyecto original: la Constitución de 1999.
"¿Quién califica el fraude? ¿Quién identifica al que se alejó del proyecto?", cuestionó Laura Valls (PPT-Carabobo), preocupada por el "debilitamiento de la Constitución".
No obstante, el primer vicepresidente de la AN, Darío Vivas, aseguró que con esta ley atenderán un viejo clamor popular. A su juicio, saltar la talanquera "es un hecho que viola la Carta Magna".
ppenaloza@eluniversal.com
"Las alianzas no significan amarres de por vida", sostuvo el diputado Oscar Figuera (PCV-Aragua). El secretario general de los comunistas recordó que "la lucha política produce cambios en la correlación de fuerzas" en una sociedad y destacó que no hay herramienta legal que impida eso.
La norma promovida por el PSUV apunta que si un legislador se separa de su fracción original, puede ser objeto de un procedimiento que cubrirá los siguientes pasos: la mayoría de la plenaria de la AN evaluará su "conducta fraudulenta" y remitirá un expediente solicitando su inhabilitación a la Contraloría General de la República, órgano que tendrá la última palabra en este caso.
Figuera señaló que un parlamentario solo puede ser censurado por sus electores, a través de un referendo revocatorio. "No te puede sancionar una instancia administrativa", acotó.
Pese a lo expuesto por sus camaradas, el PSUV mantuvo inalterable su posición. "Ante un engaño, tenemos que fomentar la lealtad al pueblo", respondió la presidenta de la Cámara, Cilia Flores, quien basó su intervención en un argumento: si un diputado llega a la AN defendiendo un programa y luego varía su opinión, está incurriendo en una "estafa" al pueblo. "Eso pudiera constituir un delito", apostilló.
¿Miedo?
"Las cosas en el Gobierno deben estar peor de lo que pensamos", advirtió Simón Calzadilla (PPT-Lara). El representante de los azules enfatizó que "esta es una ley que está hecha para los futuros diputados del PSUV, tienen miedo de que ellos brinquen la talanquera". Coincidiendo con esa percepción, Tomás Sánchez (Frente Popular-Yaracuy) rebautizó el texto: "¡esta es la ley culillo!".
Pastora Medina (Frente Popular-Bolívar) se acordó de otro nombre. "¿Será que le están haciendo una nueva ley a Diosdado Cabello, que está tan callado?", se preguntó la asambleísta, que calificó como una "vergüenza" esta iniciativa.
"Están planteando limitar las actuaciones de los nuevos parlamentarios", espetó Medina, para después vaticinar: "unos cuantos se les van a escapar por la manera cómo vienen manejando el partido".
Juan José Molina (Podemos-Bolívar) consideró que esta reforma deja en evidencia "el terrible temor" que estremece al presidente Hugo Chávez de quedar en minoría. Por su parte, Ismael García (Podemos-Aragua) exigió respeto a la disidencia, tras subrayar que su organización se ha mantenido apegada al proyecto original: la Constitución de 1999.
"¿Quién califica el fraude? ¿Quién identifica al que se alejó del proyecto?", cuestionó Laura Valls (PPT-Carabobo), preocupada por el "debilitamiento de la Constitución".
No obstante, el primer vicepresidente de la AN, Darío Vivas, aseguró que con esta ley atenderán un viejo clamor popular. A su juicio, saltar la talanquera "es un hecho que viola la Carta Magna".
ppenaloza@eluniversal.com
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