(Foto Orlando Nader)
Luis Carías | lcarias@el-carabobeno.com
La Ley Especial para la Regulación de Costos y Precios, promulgada este jueves por el Ejecutivo nacional, abre las puertas a expropiaciones masivas en cualquier sector de la economía, porque cualquier comunidad organizada puede establecer cuándo un margen de ganancia es alto y tomar la decisión de intervenir a la empresa.
El nuevo presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, es enfático al manifestar su rechazo a tal disposición, pues por pequeño o informal que sea el negocio, consejos comunales podrían determinar si los márgenes de ganancia o comercialización son muy elevados para una empresa o comercio. "Parece una especie de tribunal de inquisición donde grandes sabios se sientan y deciden si un precio es justo o no".
La medida, considerada como "contraloría social", establece que las empresas deben entregar a los consejos comunales sus costos de producción, comercialización y márgenes de ganancias. "Cuando se aplica la ideología sobre la economía, los modelos fracasan y se llevan consigo a una sociedad que se ve imposibilitada de superar la pobreza", asegura el empresario.
Otro punto que resalta Botti es el carácter universal del instrumento, pues se controla a todos los actores de la economía del país, venezolanos o extranjeros, mediante la imposición de precios en todos los productos que se comercian en el mercado.
La disposición establece textualmente que el articulado se aplica a todas aquellas "personas naturales y jurídicas que intervengan en la cadena de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios", por lo que abarca a todos los sectores.
Esto, a juicio de Botti, impactará negativamente sobre el consumidor, pues se traducirá en escasez e inflación. "La Ley impone limitaciones a la actividad productiva de llegarse a aplicar".
No todo es igual
Aunque aún no está claro, el presidente Hugo Chávez asomaba que un margen de ganancia de 10% es "aceptable", sin embargo mayor no. "La economía es terca y no entiende de ideologías: los márgenes razonables no significan nada", sentencia Botti.
Ejemplifica que existen productos cuyo margen de ganancia apenas llega al 1% o 2%, pero tienen una rotación que va de 52 a 60 veces al año. "Hay otros con una rotación más lenta que puede ser una vez cada cinco años como repuestos para vehículos, por lo que los márgenes deben ser más altos".
Para la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), por sus características "represivas y discrecionales", la ley podría aumentar la percepción de riesgos en el sector privado y con ello el aparato productivo podría verse más afectado.
En tres meses
El vicepresidente Ejecutivo, Elías Jaua, informó que el nuevo instrumento legal entrará en vigencia dentro de tres meses aproximadamente, tras su publicación en Gaceta Oficial, la cual se espera para el lunes próximo y será ese día cuando se den a conocer detalles.
El objetivo del texto conocido como Ley de Costos es la fijación de tasas máximas variables de ganancias en aquellos productos calificados como de primera necesidad, sancionar a las personas naturales o jurídicas que por la contraprestación de servicios, actividades o ventas de productos fijen precios especulativos y velar por la fijación de criterios justos de intercambio económico-financiero.
Jaua anunció que prevén evaluar con sectores productivos y exportadores la estructura de costos, producción e importación para conocer "cuánto cuesta producir e importar en Venezuela y cuál debe ser el margen de ganancia razonable, para que haya un precio justo".
CCV critica la norma
La Cámara de Comercio de Valencia rechazó la promulgación de la Ley de Costos y Precios y criticó al Gobierno nacional por insistir en el modelo que inhibe la libre iniciativa y la propiedad privada. "Esto está dentro de su estrategia ideológica de eliminar a la empresa privada", acusó Damiano Del Vescovo, su presidente.
El comerciante alegó que el Ejecutivo nacional no tiene la capacidad administrativa para supervisar tantos precios ni su ajuste periódico. "Este tipo de medidas termina por fortalecer a los más fuertes y perjudicar a los más pequeños; incentiva la informalidad y la escasez de bienes".
Para Del Vescovo, el problema de Venezuela no es de especulación en el mercado, sino la oferta insuficiente. Sostiene que la inflación no se combate de esta forma: "No se puede decretar que no haya inflación. El gobierno sin la empresa privada no podrá bajar el alto costo de la vida". Aclaró que esperarán la publicación del texto completo de la Ley para analizar su impacto en el sector comercio y en el de servicios de manera más profunda.
Alta rentabilidad mantiene la producción
El profesor Darwin Alvarado, jefe de la cátedra de Finanzas y Proyectos de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, sostuvo que el Gobierno busca controlar en sectores de la vida donde aún no había llegado, al observar que la rentabilidad de las empresas sigue siendo alta, a pesar de las restricciones impuestas en los últimos años. Pero, aclaró que sin una alta rentabilidad, las empresas en Venezuela ya no podrían fabricar los pocos bienes que ofertan a la población. "De esa rentabilidad es de donde salen los fondos suficientes para hacer frente a las distorsiones, y reponer los productos". Y más aún: detalló que el alto porcentaje de ganancia en las compañías se debe a los elevados niveles de inflación, índice que en los primeros seis meses del año suma 13%. La desconfianza y volatilidad de la situación venezolana hace que los inversionistas quieran recuperar su capital lo más rápido posible, y la única forma es incrementando los precios. "¿Por qué? Porque si se dan muestras de éxito corren el riesgo de ser víctimas de una expropiación". Alvarado explicó que ésta (una ley) no es la manera de combatir la inflación, sino con mayor oferta de productos y, para levantar el tejido fabril, es necesario mostrar certeza, más reglas claras y brindar condiciones para la inversión segura. "Otra vez estamos frente a una medida desacertada que deja al descubierto la ignorancia que hay en el Gobierno Nacional sobre la economía del país", sentenció. Para verificar si ha sido errada la política gubernamental, Alvarado invitó a dar un paseo por mercados y supermercados y verificar si hay a disposición del público aceite, leche en polvo y otros productos básicos y con precios controlados. "No sólo los empresarios son afectados con esta norma, también los consumidores que seguirán padeciendo la escasez". (AV)
Con información de Alejandro Villalobos
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