Caracas- A partir de mañana, 22 de noviembre, entra en vigencia la Ley de de Costos y Precios Justos, el último mecanismo creado por el Ejecutivo Nacional para controlar el valor de los productos y con ello tratar de poner el freno sobre la inflación. Más allá de los señalamientos que han hecho actores empresariales en torno a las posibles consecuencias negativas de la normativa sobre la producción, uno de los problemas que se presenta en las puertas de la aplicación de esta Ley es que existe poca información respecto a los requisitos necesarios para el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, y éste último es el encargado de entregar el Certificado Electrónico de Registro obligatorio para todos los actores sujetos a la Ley.
Una de las atribuciones de este Registro es facilitar el proceso de inscripción en el mismo, pero esto aún no se ha dado. El Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios es la dependencia encargada de recopilar toda la información de los sujetos afectados por la norma, así como los precios de los bienes y servicios comercializados en el país.
Otra de las incertidumbres que rondan al instrumento legal es si el mencionado certificado de registro será utilizado como un requisito más para la importación o adquisición de divisas.
La primera fase de la aplicación de la Ley comienza mañana con la fiscalización de la estructura de costos de alimentos, productos de higiene personal y productos del hogar. El ministro para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, informó días atrás que desde el lunes 14 de noviembre funcionarios organismos del Estado, como el Seniat, ya habían comenzado la preparación de los fiscales que se emplearán para la aplicación de la Ley.
A partir de enero del próximo año comenzará la segunda fase de ejecución de la Ley con la revisión de los precios de los medicamentos.
Un intento más
Con la tasa de cambio de divisas controlada, la implementación del control sobre el valor final de los precios y asumiendo el papel como productor y comercializador de bienes y servicios, el Gobierno no ha podido mantener el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) siquiera en un dígito, como en reiteradas oportunidades han prometido miembros del Ejecutivo. De allí que haya optado por un sistema que les permita extender la regulación que ya tiene el Estado sobre los precios, especialmente "en la facultad que tiene el Ejecutivo a través de la Superintendencia de Costos y Precios de tener un control previo de las estructuras y fijación de precios", declaró el vicepresidente de la República Elías Jaua a El Universal el 20 de julio.
Mientras por una parte el Presidente de la República, Hugo Chávez, ha dicho que esta Ley es una "lucha contra las injusticias del capitalismo", la "loquera de la especulación", donde se "inflan artificialmente los costos", por la otra el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, ha insistido en que la forma de reducir la inflación es aumentando la oferta. "La única forma de controlar la inflación es aplicando severos cambios a la forma como manejamos la macroeconomía, manejando muy bien el gasto público, y no emitiendo dinero sin respaldo, pero sobre todo aupando de manera vigorosa la inversión y la oferta de bienes y servicios".
Asimismo, Botti y otros representantes del sector privado han manifestado que con más controles dentro de la cadena productiva se incrementará la escasez de productos. "Esto va a traer un impacto tremendo sobre todos los consumidores. Va a significar más escasez y más inflación".
Por su parte, Jaua indicó que en la fijación de precios se va a garantizar el funcionamiento de las empresas. "A nadie lo vamos a poner a producir o vender algo por debajo de lo que le cuesta producir o comercializar. No hay posibilidad de quiebra". De haber escasez, el vicepresidente dijo que esto respondería a una estrategia política de los sectores empresariales.
Igualmente, Jaua dijo que para el primer semestre del 2012 se sentirán los efectos de la Ley de Costos y Precios Justos.
Una de las atribuciones de este Registro es facilitar el proceso de inscripción en el mismo, pero esto aún no se ha dado. El Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios es la dependencia encargada de recopilar toda la información de los sujetos afectados por la norma, así como los precios de los bienes y servicios comercializados en el país.
Otra de las incertidumbres que rondan al instrumento legal es si el mencionado certificado de registro será utilizado como un requisito más para la importación o adquisición de divisas.
La primera fase de la aplicación de la Ley comienza mañana con la fiscalización de la estructura de costos de alimentos, productos de higiene personal y productos del hogar. El ministro para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, informó días atrás que desde el lunes 14 de noviembre funcionarios organismos del Estado, como el Seniat, ya habían comenzado la preparación de los fiscales que se emplearán para la aplicación de la Ley.
A partir de enero del próximo año comenzará la segunda fase de ejecución de la Ley con la revisión de los precios de los medicamentos.
Un intento más
Con la tasa de cambio de divisas controlada, la implementación del control sobre el valor final de los precios y asumiendo el papel como productor y comercializador de bienes y servicios, el Gobierno no ha podido mantener el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) siquiera en un dígito, como en reiteradas oportunidades han prometido miembros del Ejecutivo. De allí que haya optado por un sistema que les permita extender la regulación que ya tiene el Estado sobre los precios, especialmente "en la facultad que tiene el Ejecutivo a través de la Superintendencia de Costos y Precios de tener un control previo de las estructuras y fijación de precios", declaró el vicepresidente de la República Elías Jaua a El Universal el 20 de julio.
Mientras por una parte el Presidente de la República, Hugo Chávez, ha dicho que esta Ley es una "lucha contra las injusticias del capitalismo", la "loquera de la especulación", donde se "inflan artificialmente los costos", por la otra el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, ha insistido en que la forma de reducir la inflación es aumentando la oferta. "La única forma de controlar la inflación es aplicando severos cambios a la forma como manejamos la macroeconomía, manejando muy bien el gasto público, y no emitiendo dinero sin respaldo, pero sobre todo aupando de manera vigorosa la inversión y la oferta de bienes y servicios".
Asimismo, Botti y otros representantes del sector privado han manifestado que con más controles dentro de la cadena productiva se incrementará la escasez de productos. "Esto va a traer un impacto tremendo sobre todos los consumidores. Va a significar más escasez y más inflación".
Por su parte, Jaua indicó que en la fijación de precios se va a garantizar el funcionamiento de las empresas. "A nadie lo vamos a poner a producir o vender algo por debajo de lo que le cuesta producir o comercializar. No hay posibilidad de quiebra". De haber escasez, el vicepresidente dijo que esto respondería a una estrategia política de los sectores empresariales.
Igualmente, Jaua dijo que para el primer semestre del 2012 se sentirán los efectos de la Ley de Costos y Precios Justos.
Cort. El Universal con información de Ender Marcano
No hay comentarios:
Publicar un comentario