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El reciente secuestro de Carlos Pujalte, embajador de México en Venezuela, da una muy mala imagen de la decadente seguridad pública venezolana. El año pasado varios diplomáticos sufrieron la misma suerte en Caracas, capital de Venezuela.
En años recientes, el índice delictivo de Venezuela ha aumentado más que el de cualquier otro país latinoamericano. En 1998, cuando se eligió por primera vez al presidente Hugo Chávez, se registraron 4.550 asesinatos. Para 2011 esa cifra se había disparado a 19.336 -un número impactante que supera el total de asesinatos en los Estados Unidos y en la Unión Europea combinados.
Actualmente, con una tasa de homicidios de 67 de cada 100.000 personas, sólo Honduras y El Salvador superan a Venezuela. La situación es especialmente grave en Caracas, que muy probablemente se ha convertido en la ciudad más peligrosa del mundo. Registra aproximadamente 210 asesinatos por cada 100.000 habitantes, por lo que la tasa de homicidios de la ciudad ahora ha rebasado la de Ciudad Juárez, México -primera línea de batalla de la guerra contra las drogas en América Latina.
La debacle de seguridad en Venezuela es aleccionadora y trágica al mismo tiempo. Es una enseñanza sobre los límites de las explicaciones, recetas y predicciones fáciles cuando se trata el tema de la criminalidad.
Las narrativas comunes sobre los altos niveles delictivos en América Latina señalan la desigualdad en el ingreso como el problema de fondo, y mayores niveles de desarrollo humano como la solución principal. Dichas opiniones no han salido de la nada: hay una marcada relación empírica positiva entre la desigualdad y la delincuencia en casi en todo el mundo.
Con todo, la desigualdad en el ingreso en Venezuela ha disminuido drásticamente en años recientes. El coeficiente de Gini del país -una escala de 0 a 1que se usa para medir las dispersiones del ingreso y la riqueza- muestra que la desigualdad se redujo de 0,498 en 1998 a 0,412 en 2008, una caída sin precedentes en América Latina. Mientras tanto, los niveles de desarrollo humano han mejorado sistemáticamente en el país; el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas registró un incremento de 1% anual durante la última década. Ante estas cifras, nadie diría que hay una crisis de delincuencia en Venezuela.
De hecho, incluso factores que están relacionados con la delincuencia en general pueden tener un poder de predicción limitado en determinadas circunstancias. Los delitos tienden a ser idiosincrásicos y están vinculados con dinámicas sociales complejas que no tienen soluciones uniformes o fáciles.
La violencia criminal es un síndrome en el que convergen muchos factores que se refuerzan mutuamente de formas que generan problemas más grandes que la suma de sus partes. En Venezuela, algunos de estos factores son atribuibles a las políticas fallidas de Chávez, entre estas el colapso de las instituciones encargadas de aplicar la ley, el sistemático debilitamiento de los gobiernos locales y la participación creciente del país en el comercio de drogas (debido en parte a la política semioficial del gobierno venezolano de proteger a las Farc, la narcoguerrilla colombiana).
Sin embargo, si bien estos factores pueden ayudar a explicar los altos niveles delictivos, no son los únicos. En efecto, el caso de Venezuela muestra que simplemente no hay explicaciones fáciles y recetas generales para el enigma de delincuencia en América Latina. La situación es irreduciblemente desastrosa.
Hay reservas similares cuando se trata de pronosticar las ramificaciones políticas de los niveles elevados de delincuencia. Tal vez la pregunta más irritante en Venezuela sea por qué en gran medida Chávez no ha sido objeto de la ira de los ciudadanos. La delincuencia ya era la preocupación más importante, por mucho, para los venezolanos justo antes de que Chávez se reeligiera holgadamente en 2006. Actualmente, su porcentaje de aprobación ronda el 60%, a pesar de las horribles condiciones de seguridad pública del país. Al parecer a los venezolanos les preocupa profundamente la delincuencia, pero en última instancia definen sus preferencias políticas en torno a otras inquietudes, principalmente relacionadas con el bienestar económico y las tendencias ideológicas.
Tal vez el deterioro de la seguridad de los ciudadanos es menos explosivo en términos políticos de lo que a menudo se piensa. Después de todo, la noción de que los temas relacionados con la violencia son suficientes para movilizar a las personas y expulsar a los gobernantes tiene poco apoyo. Es difícil citar un ejemplo en el que el deterioro de la seguridad pública haya marcado la suerte de un partido gobernante en América Latina. El problema de la delincuencia en Venezuela, aunque desenfrenado, muy probablemente no hará caer a Chávez.
Dicha apatía política conduce a una conclusión deprimente: cuando se trata de la delincuencia, las personas se adaptan. Cambian su conducta, aceptan una mayor intrusión en sus libertades civiles y adoptan una actitud de desprecio creciente hacia el Estado de derecho. Las verdaderas implicaciones políticas de la delincuencia se encuentran más en estas actitudes que en posibles golpes de Estado o resultados electorales.
De acuerdo con el 'AmericasBarometer' de 2010 (estudios que se centran en los valores democráticos y en la economía en América Latina), 40% de los latinoamericanos apoyan la idea de que las autoridades deberían tener la posibilidad de violar la ley cuando persiguen a los infractores, mientras que 27% de las personas piensan que se debería hacer justicia por su propia mano. Más de cien millones de personas en la región, por ende, se niegan a aceptar los principios básicos que sirven de fundamento al Estado de derecho y al monopolio del Estado en el uso legítimo de la violencia.
Esas ideas son la verdadera amenaza -no para el gobierno de Chávez sino para la calidad de la coexistencia democrática en América Latina. El hecho de que la amenaza no sea visible hace que los efectos corrosivos de estas actitudes sean mucho más difíciles de tratar
NDO/Globovisión/El Tiempo de Colombia
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