No se puede negar que la tecnología represiva del régimen se ha sofisticado notablemente con el curso de los años y el ejercicio de ella. Basta con ver la sincronía entre las argumentaciones que han emitido diferentes voceros del chavismo sobre el caso de Cotiza, con la finalidad de crear una llamada “matriz de opinión” según la cual los agresores fueron las víctimas de esa emboscada.
Desde hace dos días, todos, Jaua, Diosdado, El Aissami, Jorge Rodríguez, repiten incansablemente la especie de que la caminata de Capriles Radonski era ilegal “porque no estamos en campaña electoral”. Es decir, la agresión misma, el herido de bala, los disparos, todo queda tapado por un argumento legaloide, según el cual estaría subyacente la idea de que la banda de malandros que atacó a Capriles y su gente estaba simplemente velando por el cumplimiento de la ley.
Eran “agentes” de orden público.
Lo curioso es que esta exigencia de apego a la ley no se hace extensiva a la intensa campaña electoral que adelanta el Presidente, quien transforma todo acto suyo en uno electoral con el mero discurso de ataques e insultos a la oposición y a su candidato, anunciando simultáneamente que en octubre su victoria es impepinable. Si esto no es campaña, ¿qué es? ¿Comenzó o no comenzó?
Hemos sostenido que el zafarrancho del domingo pasado parece responder a una línea de conducta “oficial”, por así decir, que ya el martes en la noche tuvo otra expresión en la agresión a un acto de Ismael García que se celebraba en una iglesia en Caricuao. Tal “línea”, sistemáticamente aplicada, apuntaría básicamente a instalar el miedo en la población y a provocar eventuales respuestas del mismo tenor por parte de la oposición, lo cual de darse (cosa que la oposición desea evitar a todo trance), transformaría la campaña electoral en un verdadero infierno.
Queremos insistir entonces en la necesidad de que gobierno y oposición se sienten a discutir las reglas de este juego, para acordarse en un mínimo de condiciones que impidan la expansión de la violencia.
El gobierno está obligado a mantener la paz pública. Esa es una de sus atribuciones y la oposición no incurriría en ninguna desmesura si exige una garantía en ese sentido.
Por otro lado, por lo visto el cinismo oficialista es tan elástico que puede estirarse infinitamente. Resulta que las “investigaciones” hasta ahora se han centrado en los dos agentes de la policía de Miranda, que, desarmados, sirven de escolta a su gobernador. Ninguno de los sujetos del malandraje agresor, plenamente identificados, que portaban armas y las dispararon, ha sido siquiera citado. La concejal Andrea Tavares, en un alarde de coraje, señaló por sus nombres y apellidos a un buen número de funcionarios públicos armados, presentes en Cotiza. En lugar de investigar esta denuncia, ahora es la concejal Tavares quien está siendo amenazada. La prensa ha publicado la foto de un sujeto, arma en mano y franela roja, plenamente identificado, de apellido Berroterán. ¿Se ha molestado la “Justicia” en averiguar al señor Berroterán? Que se sepa, hasta ahora no.
Se discute una Ley de Desarme. ¿No podría comenzar ese desarme por los ciudadanos de la patota oficialista, ya identificados? Empiecen por quitarle a Berroterán el “hierro”, para que den un ejemplo.
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