Denunciada como la emisión de un cheque en blanco a la impunidad, la decisión del gobierno de Hugo Chávez de retirar a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría ser legalmente imposible, salvo que el país esté por salirse totalmente de la Organización de Estados Americanos (OEA), consideraron expertos.
Caracas iniciará en las próximas horas el proceso para desligarse del organismo, anunció el jueves el canciller Nicolás Maduro.
“Muy pronto, las próximas horas, el documento de Venezuela será entregado”, aseguró Maduro a la Associated Press.
Analistas y diplomáticos consultados por el Nuevo Herald explicaron que la corte es un componente intrínseco de la OEA, de modo que Venezuela tendría que separarse de la organización multilateral si no quiere estar supeditada a su supervisión en materia de derechos humanos.
“El [Chávez] no puede decir simplemente: ‘Bueno me voy de la corte’”, expresó el ex canciller venezolano Armando Durán, al explicar la incongruencia jurídica del planteamiento.
“Si quiere, Venezuela puede dejar de enviar sus representantes a la corte, pero ésta no se va ir de Venezuela, a no ser que él [Chávez] se retire de la OEA, o que consiga que Venezuela sea expulsada como en el caso de Cuba”, agregó.
El gobierno de Chávez, a través del canciller Maduro, afirmó que el organismo ha “entrado en una etapa de degradación moral, ética y jurídica”, sirviendo de escudo para grupos de detractores que obran violentamente en contra de la revolución bolivariana.
Chávez ya había designado al recién nombrado Consejo de Estado para que buscara una estrategia jurídica que permitiera al país retirarse del CIDH, pero decidió anunciar el retiro antes de que el grupo de asesoramiento tuviera tiempo de pronunciarse.
El detonante parece haber sido una decisión del CIDH a favor del joven venezolano Raúl Díaz, acusado por Caracas de colocar bombas en la embajada de España y el Consulado de Colombia en Caracas en el 2003, y condenado a nueve años de prisión.
“Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo”, declaró Chávez en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.
Maduro añadió: “Es una decisión aberrante y que está en la línea de lo que ha sido la conducta de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de complicidad con todos los grupos golpistas que en Venezuela pretendieron imponer una dictadura en el año 2002, y con todos los grupos que practicando el terrorismo pretendieron acabar con el proceso democrático en el país”.
El anuncio fue mal recibido por la comunidad internacional.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que el retiro sería “devastador” para Venezuela y para el organismo internacional.
El Departamento de Estado, por su parte, afirmó que la decisión no es una buena señal.
“Desde nuestra perspectiva, Venezuela estaría enviando un mensaje muy lamentable sobre su compromiso con los derechos humanos y la democracia”, aseguró la portavoz Victoria Nuland.
Pero los expertos insistieron en que la medida es inejecutable, salvo que Venezuela se retire de la OEA, y aún así estaría sujeta al cumplimiento de una serie de compromisos adquiridos a través de acuerdos y convenios, y que el cumplimiento de éstos está contemplado bajo la Constitución del país.
Retirarse de la OEA tendría consecuencias negativas para el país porque la organización brinda una serie de mecanismos útiles a los países de la región, en áreas como el desarrollo económico, el fortalecimiento de las democracias, la integración hemisférica y la lucha contra la corrupción.
Pero incluso si Chávez decide abandonar la organización para no tener a la CIDH velando por el respeto de los derechos humanos en Venezuela, el país seguiría estando sujeto a otros mecanismos internacionales como la Convención Universal de los Derechos Humanos, indicó Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas.
“Salirse de la OEA no exonera a Venezuela de la necesidad de cumplir los requisitos humanitarios que establecen los tratados”, comentó el diplomático.
“El problema es que este tipo de autocracia se siente incómoda de tener que cumplir con los mecanismos de defensa, promoción y protección de los derechos humanos”, añadió.
Eso es algo evidente, coincidió la ex jueza venezolana Yuri López, quien precisamente ha introducido varias denuncias contra el gobierno de Hugo Chávez ante la CIDH.
“Ellos están medio golpeados por esas denuncias. Cada vez que uno introduce cualquier tipo de carga probatoria, de causas preexistentes al Estado venezolano, lo notifican y el Estado venezolano tiene que dar respuesta”, comentó López.
“Al hacer tanto uso, al accionar sucesivamente este aparato internacional, llega un momento en que están como que ya al acecho. A ellos no les conviene quedar en evidencia de que Venezuela viola sistemáticamente los derechos humanos, que es un país donde las libertades peligran, donde las cortes no imparten justicia”, señaló.
Esa es parte de la razón por la cual Chávez ha estado trabajando arduamente para conformar una especie de comunidad internacional paralela, para que los países miembros de su Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), puedan contar con sus propios mecanismos que sirvan de reemplazo para la OEA, comentó el analista político Esteban Gerbasi.
“Quieren conformar este universo paralelo para no tener que rendir cuentas ante la comunidad internacional”, dijo.
“Está creando su sistema paralelo para desprenderse de la supervisión supranacional. La idea es salir de todas esas cortes, no tener que salir a responder en caso de una demanda o denuncia contra las violaciones de los derechos más básicos de los venezolanos. No quiere rendirle cuentas a nadie”, sostuvo.
El Nuevo Herald
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