La gente del Gobierno anda en el empeñó de allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo. Se trata de despojar al diputado aragüeño del privilegio constitucional que protege a todos los legisladores, mientras ejercen el cargo, ante cualquier tentativa de arresto y/o enjuiciamiento, sobre todo, aunque no sólo por ellas, por razones de tipo político.
En el caso de Richard Mardo desde lejos se le ven las patas al caballo. El oficialismo intenta criminalizar una actividad que todos los políticos de Venezuela, incluyendo los del Gobierno, realizan: la recolección entre amigos y allegados de fondos para financiar a sus partidos y a sí mismos.
No se trata, sin embargo de un caso aislado. Lo de Mardo es un eslabón de una cadena que se viene anunciando desde hace rato, en la cual se distinguen varias figuras de la oposición que estarían “prevenidas” para ser objeto del mismo tipo de medidas, siempre con base en el mismo tipo de argumentos especiosos con los que se quiere enjuiciar a Richard Mardo.
Entre paréntesis hay que recordar que la Constitución es clara y categórica respeto del allanamiento de la inmunidad de un parlamentario: “la separación temporal de un diputado o diputada solo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados o diputadas presentes”. Artículo 187 de la Carta Magna.
Desde luego, no es necesario ni siquiera subrayarlo demasiado, todo esto es parte de una política. Una política cínica dirigida, primero que nada, a intimidar, a atenuar las voces críticas so pena de que les caiga el mismo castigo. Pero también, y no es un motivo menos importante que el anterior, dirigida a cambiar la correlación de fuerzas en el parlamento. En este caso, el allanamiento de la inmunidad del titular se acompañaría de las presiones e “incentivos” sobre los suplentes de los titulares para que crucen la acera, presumiéndolos más “blandos”.
Pero no es una política que se agota en el ataque a los parlamentarios de oposición. En verdad está dirigida contra toda la oposición, donde quiera que esta exista y, sobre todo, si es fuerte. De allí que todos los poderes del Estado se han conjugado para la aplicación de esta línea destructiva de la democracia. Es así como son agentes de ella desde el Tribunal Supremo de Justicia (que desempeña un rol estelar convalidando todas las trapacerías del Ejecutivo), hasta el CNE, pasando por Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, cada una jugando la parte que el libreto represor le asigna.
Desde luego que el telón de fondo de todo esto lo constituye el proceso electoral de diciembre para elegir alcaldes.
Esas elecciones, que tradicionalmente no despiertan mayor interés, en esta ocasión adquieren el carácter de un referéndum o plebiscito. Se han tornado importantísimas. El Gobierno tiene miedo de perder. El bajonazo que experimentó su votación entre la de Chávez en octubre 2012 y la de abril 2013, (en la cual, de paso, ni siquiera se sabe quién ganó, dada la renuencia del Gobierno a realizar un reconteo) y la certidumbre de que la cosa sigue palo abajo, lleva a la gente del oficialismo a extremar todos los trucos que pudieran darle una “victoria” chimba. Pero, será inútil. Ya no hay nada que hacer. El madurismo está condenado a la derrota.
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