Este martes 30 de julio, la aplanadora parlamentaria del oficialismo aprobó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Richard Mardo. Con esto queda la puerta abierta para que intervenga la aplanadora justicia oficialista con un “juicio”, y una eventual detención, a Mardo por “delitos” de supuesto fraude tributario y enriquecimiento ilícito.
Este oscuro y bochornoso episodio registrado en el hemiciclo de la casa que hace las leyes del país, tiene varias aristas que vale la pena destacar:
La primera, como explicaba hoy por Globovisión el periodista José Vicente Antonetti, tiene que ver con una cuestión de forma: Una interpretación discrecional de los diputados del oficialismo a la norma constitucional. Se basaron en el artículo 200 de la Constitución, que habla de la potestad del TSJ de conocer los presuntos delitos cometidos por los parlamentarios y ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y enjuiciamiento, sin especificar cómo se llega a dicha autorización. Estos diputados se pasaron a la torera el artículo 187, que previamente establece que para separar temporalmente a un diputado de su cargo se debe acordar por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.
La otra arista es de fondo: Las acusaciones que se le imputan a Mardo (fraude tributario y enriquecimiento ilícito) y las “pruebas” presentadas hasta ahora. Según los abogados defensores del diputado, quedó demostrado en la investigación realizada por el Ministerio Público que las fotocopias de los cheques que evidenciarían la corrupción de Mardo, fueron forjadas. Indican incluso que la Fiscal General admitió a la prensa que no tenía pruebas concretas sobre la ilicitud de los fondos, ni un dictamen del Seniat donde especificara que el diputado hubiese dejado de pagar los impuestos correspondientes.
Ahora bien, más allá de lo grave que ya es todo este montaje para criminalizar y sacar de escena a un diputado, la jornada de este martes trascenderá entre otras muchas razones porque:
1) El nuevo golpe que se dio a la institucionalidad parlamentaria vulnera otra vez la voluntad popular de ser representados por los legisladores que eligieron.
2) Este golpe al Parlamento genera un nefasto precedente para allanar inmunidades a otros parlamentarios indeseados. En la lista está, por ejemplo, María Corina Machado, quien tiene una investigación abierta por supuesta conspiración luego que se divulgara un audio de una conversación privada, el cual evidentemente fue manipulado.
3) Quieren lograr de facto una mayoría absoluta en la legislatura, que no pudieron obtener con fórmulas electoreras, a la usanza totalitaria, con las que alcanzaron más diputados que votos: ni con la compra y chantaje a diputados de la alianza democrática. Ahora buscan mermar la representatividad democrática sacándolos del juego a fuerza de ilegalidades y falsas acusaciones. Y es que la “revolución” exige carta blanca para elegir nuevos directivos en el Consejo Nacional Electoral, magistrados en el Tribunal Supremo, Contralor de la República, y otorgar leyes habilitantes al impugnado mandato de Maduro.
4) Persiguen, en las cercanías de unas elecciones municipales y parroquiales, amedrentar a quienes financian al movimiento democrático, y a desmotivar el voto del elector.
5) Intentan tapar con una crisis política la gigantesca crisis económica y social que han generado en estos 14 años de políticas destructivas.
Así que más allá de protestar por Mardo, la concentración a la que llamó Capriles Radonski este sábado es para exigir la restauración del estado de derecho y la democracia en Venezuela, y demostrar que el pueblo democrático no se rinde a la dictadura.
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