Este miércoles 6 de noviembre, en otra larga perorata de Nicolás Maduro transmitida por cadena nacional, el Ejecutivo Nacional aclaró un poco más hacia dónde se dirige Venezuela con un “nuevo orden económico” que se viene anunciando desde que “el sucesor” usurpó el poder.
Ese “nuevo orden” no trae nada bueno para el país, tal como era de esperarse de quienes están empecinados en reducir a Venezuela para nivelarla al “mar de la felicidad” y como se deducía del discurso pronunciado por Maduro ante la Asamblea Nacional el martes 8 de octubre, en el que catalogó al sector privado de “burguesía parasitaria” afirmando que no habría socialismo mientras ésta siguiera “disfrutando del privilegio de importar a gran escala sin que se le ponga coto".
En un primer análisis de los anuncios se observa que lo que espera a los venezolanos, de seguir en la ruta del castrocomunismo, es más y más de lo peor de lo que han sufrido en los últimos tres quinquenios:
Primero, habrá más y más regulaciones y controles: Por un lado, se implementa "un nuevo esquema de regulación general de precios de bienes y servicios”, que se montará sobre los ingentes controles que aplican al unísono Indepabis y Sundecop, bajo la mirada vigilante y amedrentadora de la FANB. Por otro, se crea el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCE) y la Corporación de Comercio Exterior (instrumento principal del CENCE), para aplicar más controles para el acceso a las divisas de los ya impuestos por Cadivi y el SICAD, además de que el gobierno se arroga un total control de todo lo que se importe en el país, algo que se dice rápido pero que representa más del 85% de la demanda de bienes y productos de todo tipo que requiere la población.
Segundo, se añadirán más inspecciones (léase más y más multas, penas, cierres y sobornos) a las múltiples que se aplican por n cantidad de entes fiscalizadores que acorralan a empresas grandes, medianas y pequeñas.
Tercero, se crean o reactivan fondos y más fondos (Fondo de Ahorro Popular, Fondo Especial de Compensación y Estabilización para la Protección de Precios de los Bienes y Productos de Consumo Masivo y el Fondo Bicentenario, por ahora). A éstos irán a parar los recursos del erario público para ser manejados con total discrecionalidad y sin rendición de cuentas. Esto se traduce, en la vida real, en la exclusión de ese “nuevo orden” de las empresas que se considere son ajenas o enemigas del proceso, y más reparto a las “apegadas” a los centros del poder, ergo más corrupción y desangramiento del ingreso petrolero.
Como corolario se “depurará” el registro de empresas que utilizan las divisas asignadas por Cadivi, para cumplir con la obligación de administrar el uso de las divisas “que son del pueblo para su beneficio”.
En la historia de la Venezuela castrista está plasmada la tragedia de que cuando se ha buscado el supuesto “beneficio del pueblo”, siempre se termina con acoso, persecución y destrucción de todo sector productivo que cae en el ojo del huracán revolucionario.
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