En estos tres lustros de consuetudinarias elecciones, el régimen ha demostrado una gran versatilidad para interpretar los resultados a la mejor conveniencia de sus objetivos.
Desde que le aprobaron la Constituyente para modificar la Constitución de 1961 hasta la fecha, lo que ha imperado es la tergiversación olímpica del mandato originario del pueblo mismo.
Así, por ejemplo, todo ese proceso inicial le sirvió para cambiar desde el nombre de la República y de todas las instituciones del Estado, hasta voltear al caballo del Escudo Nacional, sacar del imaginario una octava estrella para la bandera, modificar el horario y renombrar la moneda para ponerle el moquete de bolívar fuerte.
Hugo Chávez ajustó a su molde castrocomunista los resultados del Referendo para la Reforma Constitucional del 2007, procediendo a imponer a fuerza de leyes habilitantes todo lo que le fue negado por una amplia mayoría de venezolanos que claramente marcaron el NO y así seguir moldeando sin prisa pero sin pausa el Estado socialista del siglo XXI, hecho en Cuba.
En 2008, recrudeció su táctica del desconocimiento de los resultados electorales cuando al perder la Alcaldía Metropolitana, para ese entonces “joya de la corona chavista”, le quitó potestades, competencias y recursos a Antonio Ledezma, el nuevo Alcalde Mayor y dirigente de la Unidad Democrática. Chávez inventó un gobierno alterno de Caracas y nombró a dedo a Jacqueline Faria, entidad y funcionaria paralelas por donde se buscó minimizar a Ledezma y hacia donde se desvían los recursos que constitucionalmente corresponden a la Alcaldía Metropolitana.
Más recientemente, Nicolás Maduro retomó esta ilegal modalidad de imponer ejecutivamente funcionarios a gobernantes electos por el voto popular. En diciembre de 2012, cuando Elías Jaua perdió la gobernación de Miranda frente a Henrique Capriles, corrió a designarlo como presidente de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda” (CorpoMiranda), a fin de contraponerlo al mandato de Capriles, con su invariable desvío de ingentes recursos de la gobernación.
Ahora, ante el nuevo fracaso en hacerse de las cuatro alcaldías de la Gran Caracas, emblemas de la Unidad Democrática, y al volver a perder la Alcaldía Metropolitana, retorna Maduro a las andanzas de querer imponer a sus candidatos perdedores como comodines del Ejecutivo para quitarles competencias a los alcaldes electos por los caraqueños. Así a Ernesto Villegas (derrotado por Ledezma) lo nombra ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, despacho que estaba a cargo de Francisco "Farruco" Sesto, además de designarlo jefe de Proyectos Especiales Presidenciales.
Mayor violación a la Constitución es que quiere imponer el Plan de la Patria, diseñado como programa de gobierno de Chávez para la consolidación del socialismo (léase castrocomunismo), adaptado por Maduro a su ofensiva económica y combate a la Corrupción y aprobado por la aplanadora parlamentaria del oficialismo como un acuerdo que “surta efecto jurídico, y sea de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela” el cual indican engañosamente que es ley de la nación.
Un acuerdo de los revolucionarios, que ahora se obliga a cumplir a todos los alcaldes y concejales, so pena de no ser reconocidos por el Ejecutivo Nacional si no lo acatan.
Olvida Maduro y su combo que con este proceso intimidatorio a sus alcaldes y ediles metropolitanos usurpa la voluntad de la población que escogió el camino de la democracia y las libertades económicas, políticas y civiles que ordena la Carta Magna de la República.
¡La lucha democrática sigue y el camino es empinado!
No hay comentarios:
Publicar un comentario